Las pymes demandan sanciones para las empresas que no paguen a tiempo
“Se necesita un régimen sancionador para que las empresas, sobre todo las grandes, que abusen clamorosa e intencionadamente del retraso en el pago de sus facturas sean sancionadas”. Así de tajante se ha mostrado hoy Jesús Terciado, el presidente de la patronal de las Pequeñas y Medianas Empresas (Cepyme). Aunque no ha querido señalar a nadie en particular, Terciado ha reconocido que en España hay una perniciosa cultura empresarial de demora en el pago de las facturas que no está en consonancia con las prácticas europeas.
Las pymes sufren especialmente este problema de morosidad que se agrava además con sus dificultades para acceder a la financiación. Mientras a las grandes corporaciones la confianza en España les ha devuelto la posibilidad de volver a financiarse en los mercados internacionales, las pymes siguen sin acceso al crédito bancario. Sin embargo, y sin menospreciar este problema, desde Cepyme aseguran que el retraso en los pagos es mucho peor.
“El aplazamiento en los pagos es también una cuestión de malos hábitos de las empresas españolas. Ya que antes de la crisis era habitual imponer aplazamientos de 30, 60, 90 días e incluso más en los contratos entre empresas”, reconoce Terciado. En aquella época de bonanza, el contratiempo se compensaba gracias a la líneas de liquidez de circulante que los bancos concedían a las empresas. Pero ahora, con el líquido del crédito cerrado especialmente para las pequeñas, esos retrasos han sido la causa del cierre de más de un negocio.
Los datos manejados por Cepyme demuestran que las empresas incumplen sistemáticamente la legislación contra la morosidad existente. El periodo medio de pago está en 81,6 días frente al máximo de 60 que marca la Ley de Morosidad; es decir, se supera en 21,6 días.
Tal vez para ello sirva de excusa de que en estos momentos conviven en España dos legislaciones que regulan la morosidad y que, según ha denunciado Terciado, “no son coincidentes”. Se trata de la Ley de Morosidad y la Ley del Comercio Minorista, y es para esta última para la que el líder de la patronal pide la derogación.
Aunque más allá de toda normativa, Terciado considera que lo que realmente hace falta en España es un cambio cultural: “Si algunas de las grandes empresas empiezan a cumplir plazos y a pagar las facturas cuando se emiten, estas empresas podrían actuar de modelo para el resto”.
Mientras eso ocurre, desde su organización han decidido dar visibilidad al problema y publicar cada tres meses un índice, el ISME de morosidad empresarial que permita hacer una fotografía de cómo está el problema, e invitan a todas las empresas a colaborar con esa iniciativa a través del buzón de morosidad que han habilitado en su página web.
