La juez procesa al presidente de Abengoa por las indemnizaciones millonarias

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha propuesto hoy llevar a juicio al actual presidente de Abengoa Antonio Fornieles, al expresidente Felipe Benjumea y al ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega por las indemnizaciones millonarias que se otorgaron a la antigua cúpula.

Benjumea y Sánchez Ortega recibieron al dejar la empresa 11,4 y 4,5 millones de euros, respectivamente, aunque ninguno de ellos, precisa la magistrada, llegó a desvincularse totalmente de la compañía.

En el auto, que supone el fin de la instrucción y el primer paso para sentar en el banquillo a los investigados, Lamela incluye también a la expresidenta de la comisión de Nombramientos y Retribuciones Mercedes Gracia y a la actual vicepresidenta de la compañía Alicia Velarde, que al igual que Fornieles integraban y asistieron a la reunión de dicha comisión que acordó el pago de las indemnizaciones millonarias.

En septiembre de 2015, cuando se formalizó la aparente salida de la entidad de Benjumea y Sánchez Ortega, se les concedieron unas indemnizaciones por cese anticipado de 11,4 y 4,5 millones de euros, unas cantidades que la magistrada considera que “no parecen acordes con los resultados empresariales de la sociedad” en aquel momento.

Sólo dos meses después, el 25 de noviembre de 2015, Abengoa presentaba en los juzgados mercantiles una solicitud de preconcurso de acreedores.

Lamela puntualiza que ni Benjumea ni Sánchez Ortega se desvincularon totalmente de Abengoa, ya que un mes después de dejar su cargo, Ortega firmó un contrato de prestación de servicios por el que seguiría cobrando la remuneración que le correspondería como consejero delegado.

Por lo que respecta a Benjumea, fue nombrado consejero dominical y presidente no ejecutivo en la misma reunión en la que fue cesado, cargos por los que recibiría una retribución bruta anual de 1.086.000 anual y mantendría su cotización a la Seguridad Social.

Estos vínculos suponen que la relación contractual de ambos “no se había extinguido”, precisa la juez, por lo que no cabe aceptar que tuvieran que recibir indemnización alguna.

Según explica la titular del juzgado central de instrucción nº 3, de lo que se trató es de que “Benjumea recibiera una cantidad de dinero extremadamente importante, máxime en un momento tan delicado por el que pasaba Abengoa, y le fueran respetados el máxime de derechos dentro de la sociedad como sueldo base, medios materiales, cotizaciones y seguros”.

Tampoco le correspondían los 7 millones de euros que recibió en concepto de bonificación por permanencia, que en realidad trata de encubrir “una salida voluntaria aconsejada por la situación de crisis que atravesaba Abengoa”.

La plataforma de accionistas y bonistas perjudicados de Abengoa atribuía además a Sánchez Ortega un delito de información privilegiada tras su fichaje por el fondo de inversión estadounidense Blackrock, por haberse beneficiado presuntamente de su conocimiento de la situación real de la empresa Abengoa mediante la adquisición a la baja de acciones de la misma.

Sin embargo, Lamela ha descartado atribuirle este delito ya que, pese a su incorporación “sin solución de continuidad” a Blackrock, el área en el que desempeñaba sus funciones, el de mercado de capitales “nada tiene que ver” con la de infraestructuras, que es donde podría haberse producido conflicto de intereses.

A partir de ahora, la Fiscalía y las acusaciones particulares disponen de un plazo de 10 días para solicitar la apertura de juicio oral, el archivo de la causa o la práctica de nuevas diligencias en el proceso abierto por delito de administración desleal, castigado en el Código Penal con hasta seis años de cárcel.