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El sector de seguridad privada da el primer paso para evitar movilizaciones

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El sector de seguridad privada da el primer paso para evitar movilizaciones

El sector de seguridad privada da el primer paso para evitar movilizaciones

Los sindicatos, la Administración y la patronal del sector de la seguridad privada en infraestructuras públicas de transporte han comenzado hoy las negociaciones para modificar las condiciones laborales de los trabajadores y evitar así las movilizaciones en la calle.

Los sindicatos UGT y CCOO solicitan cambios significativos en la forma de contratación pública de los servicios de seguridad privados y que puedan tener reflejo en los convenios colectivos del sector.

Para ello, representantes sindicales, de los ministerios de Fomento, Trabajo, Interior y Hacienda, de la patronal CEOE y de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), se han reunido en Fomento para trazar las líneas de trabajo e intentar llegar a un acuerdo en las materias que conciernen al sector.

Diego Giráldez, de UGT, ha expresado hoy a Efe su esperanza de que una "voluntad política para que se produzcan modificaciones" en la tipología de los contratos públicos.

Los trabajadores piden que mejore la forma de contratar estos servicios por parte de la Administración central y que las adjudicaciones "no estén tan sujetas a las condiciones económicas".

Reivindican una rebaja del peso de la parte económica en los pliegos de licitación y, especialmente, en la decisión final para las adjudicaciones de los servicios de seguridad.

Estas labores de seguridad se desarrollan en infraestructuras públicas de transporte terrestre, aéreo y marítimo y son sensibles para la seguridad ciudadana.

Giráldez ha dicho que un vez logradas las modificaciones en materia de adjudicaciones y contrataciones, UGT pretende vincular los acuerdos al desarrollo de un nuevo convenio sectorial "más acorde con la realidad" y vigente para el periodo 2015-2016.

Aunque el germen de estas reivindicaciones laborales ya estaba latente antes del conflicto que estalló en pleno verano en el aeropuerto barcelonés de El Prat, con las huelgas de los trabajadores de Eulen, estos paros y sus consecuencias en el transporte y la seguridad han acelerado la búsqueda de soluciones para el sector.

De hecho, las federaciones sectoriales de la seguridad privada de CCOO y UGT acordaron dirigirse a las patronales para reunirse "de forma inmediata y negociar las mejoras colectivas necesarias", tras la resolución del laudo para los trabajadores del aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Los sindicatos pedían una mesa sectorial que abordara toda su problemática, para reclamar un convenio colectivo "moderno", así como una regulación en las condiciones específicas para los centros de trabajo "de especial sensibilidad".

La mesa sectorial ya es una realidad. La primera de las reuniones previstas ha servido para un intercambio de posturas, en donde los sindicatos han denunciado los "bajos salarios, las horas extras no remuneradas, la duplicidad de tareas, una mala planificación del trabajo y un progresivo empeoramiento de las condiciones laborales" con cada cambio de empresa adjudicataria del servicio.

Las patronales sectoriales Aproser, FES y UAS se incorporarán a la mesa de negociación conforme avance el proceso.

Los sindicatos han advertido de que, si no existe una "voluntad real para consensuar" el futuro del sector, iniciarán a partir de septiembre "de forma conjunta y creciente" movilizaciones en todos los centros de trabajo donde haya presencia de vigilantes de seguridad privada.

Como muestra de que el sector está en ebullición, los vigilantes de seguridad (casi 600 trabajadores) de la empresa Marsegur, que trabajan en las instalaciones del Ministerio de Defensa, se concentrarán el miércoles en Madrid ante la Dirección de Acuartelamientos del citado ministerio.

La Unión Independiente de Trabajadores (UIT) ha explicado que la concentración se debe a la "gravísima situación que sufren" los vigilantes de seguridad de Marsegur, con bajadas de salario de alrededor del 40 % e impagos repetidos.

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