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Los sindicatos piden más impuestos para las rentas altas pero el Govern no lo prevé

El Govern prevé aprobar este mes las cuentas con mil millones más de gasto social

EFE

Barcelona —

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Los sindicatos UGT y CCOO de Cataluña han reclamado hoy al gobierno catalán que aumente impuestos como el IRPF, el de Sucesiones y el de Patrimonio a las rentas más altas, mientras que el Govern se ha remitido a la propuesta fiscal pactada con la CUP y ha evidenciado que no contempla estas peticiones.

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, los máximos dirigentes de ambos sindicatos, Camil Ros (UGT) y Joan Carles Gallego (CCOO) se han referido así a la orientación general del proyecto de presupuestos para 2017.

La reforma de la fiscalidad ha centrado buena parte de la atención del encuentro y los secretarios generales de ambos sindicatos han pedido al Govern que deje sin efecto la última rebaja del Impuesto de Sucesiones, que incremente el Impuesto de Patrimonio y que eleve el tramo autonómico del IRPF a quienes ganan más de 60.000 euros.

A la salida del encuentro, el secretario de Economía, Pere Aragonès, en nombre del departamento de Economía, ha insistido en que la propuesta del Govern sobre cambios fiscales “es la que presentó la semana pasada”, en referencia a los cambios fiscales que se incluirán en la ley de acompañamiento de los presupuestos.

Aragonès ha recordado Cataluña tiene “en algunos tramos del IRPF” unos marginales “de los más altos del conjunto del Estado”, ha recordado que en 2014 se recuperó el Impuesto de Sucesiones y también que los tipos del Impuesto de Patrimonio ya son “suficientemente elevados”.

“Esta parte del recorrido está hecha”, ha recordado Aragonés, que se ha remitido a la propuesta pactada en esta línea con la CUP, que incluye un nuevo impuesto sobre “activos no productivos”, que gravará bienes inmuebles, embarcaciones, coches de lujo y aeronaves que están a nombre de personas jurídicas pero que no se usan para actividades económicas, sino con fines particulares.

“Aunque todo es mejorable, la presión fiscal de Cataluña es la correcta”, ha insistido Aragonès.

Aunque los sindicatos han agradecido la predisposición del Govern a hablar sobre el proyecto de ley de presupuestos, Ros ha asegurado que entiende que el Govern evita tocar el IRPF “por equilibrios parlamentarios más que por razones económicas”, y ha añadido: “Hace falta abrir un debate fiscal en Cataluña. El de ahora da más la sensación de una chapuza fiscal que de otra cosa”.

“No debe haber líneas rojas en el debate sobre la fiscalidad”, ha asegurado el secretario general de la UGT catalana, que se ha preguntado: “¿Por qué podemos hablar de las bebidas azucaradas y no del IRPF?”.

En este sentido, los sindicatos han reiterado que se movilizarán este sábado junto a otras entidades sociales para reclamar unos presupuestos más sociales y una mayor presión fiscal a las rentas altas.

Por otra parte, tanto Gallego como Ros han tildado de “insuficiente” el aumento del gasto social incluido en los presupuestos, que será mayor al del anterior proyecto de presupuestos, que no salió adelante por el veto de la CUP.

Aumentar el gasto social para luchar contra la pobreza o para revertir los recortes hechos en los servicios públicos son otras peticiones que han trasladado los sindicatos, que también han solicitado al Govern que los empleados públicos recuperen el poder adquisitivo perdido.

Otra demanda compartida por UGT y CCOO de Catalunya es la creación de una renta mínima garantizada de ciudadanía, una petición que el Govern deja en suspenso hasta que la ponencia parlamentaria que trabaja en ello llegue a un acuerdo.

Aragonès ha comentado que si el nuevo modelo se aprueba en los próximos meses, “el modelo se podría comenzar a implantar en 2017”, aunque con la dotación prevista para la renta mínima de inserción.

En todo caso, el secretario de Economía ha asegurado que la petición de la comisión promotora de esta renta “supera con creces lo que podríamos asumir desde el presupuesto de la Generalitat”, por lo que se debe trabajar en un modelo “que sea asumible” para evitar que se repita el caso de la ley de dependencia, ha dicho.

“Lo que se ponga en el presupuesto lo tenemos que poder aplicar”, ha dicho Aragonès.

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