Las subcontratas no podrán deducirse el IVA hasta declarar e ingresar la cuota correspondiente

La Ponencia de la Comisión de Hacienda se reunió este jueves para valorar las 120 enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto de ley, de las cuales sólo se han aceptado las trece remitidas por el Grupo Popular, según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias presentes en la reunión.

Así, a partir de ahora se cambiará el método utilizado por la Agencia Tributaria (AEAT) para detectar facturas irregulares y subcontratistas que realicen actividades reales pero no procedan al pago de los tributos correspondientes a esos servicios para intentar mejorar la efectividad en la lucha contra este tipo de fraude.

SE INVIERTE EL SUJETO PASIVO

Para ello, se instaurará un mecanismo que invierta el sujeto pasivo, con lo que no se generará ningún derecho de deducción del IVA soportado en una adquisición de bienes o servicios “sin que correlativamente se haya procedido a la previa declaración e ingreso de la cuota de IVA devengada”.

En concreto, la modificación normativa precisa que las ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, así como las cesiones de personal para su realización por contratos entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones estarán sujetas a esta obligación, lo mismo que los en los que “los destinatarios de las operaciones sean a su vez el contratista principal u otros subcontratistas” en dichas condiciones.

Hasta ahora el sistema era “inmediatamente posterior al periodo de las operaciones económicas” e incluía medidas cautelares, “derivando la responsabilidad a los sucesores en la actividad del subcontratista desaparecido”.

Y es que las empresas subcontratistas son consideradas por la Agencia Tributaria una de las “áreas prioritarias de control” por presentar “uno de los perfiles de mayor riesgo fiscal”, pese a lo cual en ocasiones las actuaciones de la Agencia Tributaria “no han tenido la eficacia deseada desde el punto de vista recaudatorio”.

CAMBIO EN LA LEY DEL MERCADO DE VALORES

Otra de las enmiendas 'populares' aceptadas supondrá un cambio en la Ley del Mercado de Valores, de aplicación “compleja” y que provoca multitud de “litigios derivados” del régimen fiscal de las operaciones sobre valores que regula el artículo 108, sobre todo en asuntos relacionados con operaciones de reestructuración empresarial que incluyen la transmisión de bienes inmobiliarios.

“Parece claro que el texto actual peca de farragosa y poco clara para su aplicación, por lo que no otorga a los posibles obligados tributarios la necesaria seguridad jurídica que toda norma debe otorgar”, argumenta el PP.

En concreto, señala tres problemas: los supuestos de gravamen de transmisiones de valores en el mercado privado, que “sin duda, pueden vulnerar la prohibición de todo gravamen” establecido en directiva europea; el cumplimiento de las exenciones previstas para ciertos gravámenes, y que “la actual regulación ha convertido una norma antifraude en un supuesto de hecho objetivo, en el que no importa si ha existido o no ánimo de eludir la obligación tributaria”.

“Todos estos aspectos no pueden sino aconsejar una modificación en profundidad del precepto, que lleva su naturaleza a ser una norma antifraude fiscal que no grave, en ningún caso, las operaciones con valores en el mercado primario y que respete, en el caso de que se aplique, el impuesto que corresponda sólo a los obligados tributarios que utilicen la transmisión de valores para eludir el pago del tributo”, simplificando el precepto para “permitir una más fácil interpretación y aplicación”.

EVITAR SALDOS NEGATIVOS

También se ha modificado el procedimiento para determinar la base de una sanción en supuestos de ganancias patrimoniales no justificadas y de presunción de obtención de rentas, cuando “no se tendrán en cuenta las cantidades pendientes de compensación, deducción o aplicación procedentes de ejercicios anteriores o correspondientes al ejercicio objeto de comprobación que pudieran minorar la base imponible o liquidable o la cuota íntegra”. Así se evita que se pueda determinar la “inexistencia de base de sanción”.

En la misma línea, se señala explícitamente la “incompatibilidad de la sanción” por infracciones en relación con ganancias patrimoniales no justificadas con otras sanciones recogidas en la Ley Tributaria.

Los 'populares' han incluido también el precepto de que sólo cuando la actuación de un sujeto pasivo suponga un perjuicio se le imponga sanción, “pero no cuando se declaren bases y cuotas superiores por incluir, por ejemplo, posibles gastos adicionales”, ya que el proceso genera un coste muy alto sin suponer “ingreso alguno” ni “información o control especial”. Y es que, alertan, este sistema “penalizaría a las empresas aun en el caso de que las cantidades declaradas fueran superiores a las efectivamente devengadas”.

Tras la incorporación automática de las enmiendas 'populares' al texto, las propuestas de la oposición serán debatidas por la Comisión de Hacienda en la sesión prevista para el próximo martes, que tendrá competencia legislativa plena por lo que el texto no deberá volver al Pleno de la Cámara baja, y, posteriormente, el dictamen pasará de nuevo al Pleno del Congreso --que este miércoles ya rechazó la enmienda de devolución del texto al Gobierno presentada por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA)-- para su aprobación definitiva.

NEGOCIAR MÁS CAMBIOS

Durante el debate del miércoles, PSOE, UPyD, CiU y PNV, entre otros partidos, rechazaron la enmienda de devolución presentada por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) al proyecto de ley argumentando que las medidas que incluye son “positivas”, aunque la mayoría de la oposición criticó al Ejecutivo por no ser suficientemente ambicioso en la lucha contra el fraude.

Por ello, los grupos mayoritarios optaron por intentar “mejorar” el texto con enmiendas parciales, y la portavoz de Hacienda del PP, Ana Madrazo, manifestó la disposición de su grupo al “diálogo y al consenso” e instó a la oposición a buscar “puntos de encuentro” durante la tramitación parlamentaria porque en una tarea tan importante “el Gobierno no puede ni debe estar solo”.