Dos testigos dicen que las dietas irregulares se dieron “por mandato”de CAM

Los administradores únicos de la participada de CAM Tenedora de Inversiones (TI) han asegurado hoy que las dietas que se concedieron a los miembros de su Comisión de Control que están juzgados en la Audiencia Nacional “venían por mandato” de la caja alicantina.

Así lo han declarado los testigos Vicente Sánchez y Pedro Alonso en la tercera sesión del juicio contra el ex director general de CAM Roberto López Abad y el exdirectivo Juan Ramón Avilés por irregularidades en el cobro de esas dietas y en la concesión de préstamos al segundo para proyectos inmobiliarios.

Sánchez ha aclarado a la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, en TI las dietas y sus modificaciones “las fijaba la CAM en sus órganos correspondientes” porque la labor en la participada era “meramente formal” y no tenía “absolutamente ninguna facultad para fijar” estos emolumentos, que ascendieron a casi 1,5 millones.

“Venía por mandato de la CAM”, ha subrayado.

Preguntado por las reuniones de la Comisión de Control de TI, cuyos miembros eran los mismos que los de este órgano en la caja y que comparecen como partícipes a título lucrativo, ha explicado que en la mayoría de ellas, de “una hora de duración de media”, solo intervenía él.

A algunas acudieron López Abad y la ex directora general María Dolores Amorós, imputada junto a la cúpula de CAM en la pieza principal del caso que investiga Javier Gómez Bermúdez.

“Era como pasar un examen”, ha dicho después de relatar que durante sus exposiciones se “sentía presionado, nervioso y trabajaba con rigor. En principio salía satisfecho porque no había observaciones negativas”.

Por su parte, el exconsejero y miembro de la Comisión de Retribuciones de CAM Martín Sevilla, ha señalado, como hiciera ayer López Abad, que el expresidente ya fallecido de la caja Vicente Sala era el responsable de los “parámetros” para establecer esas retribuciones.

Ha asegurado que la creación de esa Comisión en TI obedecía a una política de expansión del negocio de CAM y que en ella se hacía un seguimiento “más expreso de las operaciones inmobiliarias con el mismo procedimiento que hacían las demás cajas”.

Mientras,el asesor jurídico de CAM Juan Martínez Abarca ha subrayado que los altos cargos de la caja se quejaron de forma “generalizada” a Sala y a López Abad porque sus retribuciones eran “ridículas” en comparación con las otras cajas, de ahí que el presidente fallecido lanzara la propuesta.

Hoy ha testificado además el exdirector de riesgo crediticio en CAM en relación a los préstamos concedidos al proyecto “La Vereda de Sucina”, del que Avilés fue, según el fiscal, su propietario y gestor efectivo a través de familiares y sociedades interpuestas, si bien por aplicación de la normativa sobre cajas de ahorro debería haber abandonado sus puestos en la caja.

Según Anticorrupción, con la finalidad de evitar el control del Instituto Valenciano de Finanzas, Avilés enajenó todas sus participaciones en la sociedad, acreditada de la CAM con un riesgo de 14 millones, a su hermana.

Posteriormente, las operaciones se refinanciaron en condiciones favorables para él, lo que demuestra que “estuvo durante todo ese tiempo mucho más atento a sus intereses personales”, e intentó de “diversos modos presionar” a los directivos de CAM para que le compraran la promoción inmobiliaria y se “liberara así de los perjuicios económicos que la misma le había ocasionado”.

El testigo ha justificado la refinanciación de los préstamos porque era algo “muy extendido en el sector inmobiliario” y ha reconocido que alertó en un correo electrónico remitido a su superior en enero de 2010 que acarreaban una deuda “difícilmente cobrable”.

“La refinanciación es una alternativa para mejorar las expectativas de cobro, en aquel entonces nos interesaba dar esa posibilidad” y “se hizo antes de que entrara en una situación de deterioro”, pero “la situación de mercado no fue a mejor, ha concluido.