Las fallas tributarias lastran al erario público en Paraguay pese al boom económico

Un país con un crecimiento del 13,6 %, como el registrado el año pasado por Paraguay, debería contar con arcas públicas llenas, pero las fallas en su sistema tributario contribuirán a que el déficit presupuestario se agrande, según los pronósticos oficiales.

La nación guaraní terminó el año pasado con una brecha del 1,8 % del Producto Interior Bruto (PIB), y el nuevo Gobierno del conservador Horacio Cartes, que ha enarbolado la bandera de la responsabilidad fiscal, reconoce que en 2014 se ampliará al 2,7 %.

Los beneficios extraordinarios de la cosecha récord de 2013 han sido un aguinaldo para el sector agropecuario, que sufrió un mal año en 2012, pero eso no se ha traducido en altos ingresos para el Estado.

Pese a ser el motor de la economía paraguaya, la producción del campo, dominada por latifundistas que producen para exportar, paga menos tasas que otros sectores.

El impuesto a la renta agropecuaria asciende a tan solo un 1,5 % del total recaudado en forma de tributos a la renta corporativos, a pesar de que ese sector generó un 21,7 % del PIB entre 2005 y 2011, según un estudio reciente de los economistas Dionisio Borda y Manuel Caballero.

Ese es uno de los factores que explican que en Paraguay la presión tributaria fuera de tan solo el 11 % del PIB el año pasado, frente a la media del 18,5 % en la región, según su Ministerio de Hacienda.

El Estado compensa la baja recaudación en parte con los ingresos por las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá, que este año le supondrán transferencias por unos 560 millones de dólares, de acuerdo con el presupuesto para ese año aprobado por el Congreso.

Aun así, los exiguos ingresos limitan su capacidad para invertir en infraestructura y en educación, ambas deficientes, y en reducir la desigualdad en el país.

El nivel de pobreza se encogió del 36,8 % en 2001 al 32,4 % en 2011, pero la pobreza extrema subió del 16,7 % al 18 % en el mismo periodo, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó en su última revisión de la economía paraguaya, en diciembre, que el desarrollo social y económico del país “ha quedado rezagado con relación a la región”.

Para 2014 uno de los objetivos del Gobierno es contener el gasto corriente para potenciar la inversión.

El Ministerio de Hacienda prevé subir la inversión pública en tan solo una décima, hasta el 2,3 % del PIB, y pone su esperanza más en la inversión privada, que espera que se eleve al 13,4 % del PIB, un punto porcentual más que el año pasado.

Al mismo tiempo, pretende recibir 253 millones de dólares en préstamos externos, principalmente de organismos multilaterales, según el presupuesto.

Eso elevará la deuda al 15 % del PIB, un nivel bajo que el Gobierno pronostica que subirá al 19,4 % hasta 2018 con la recepción de financiación en los próximos años.

El Gobierno también reconoce la necesidad de aumentar la presión tributaria, que prevé que alcance un 15 % este año, pero no ha dado detalles de cómo lo conseguirá.

Desde este año el sector agropecuario tendrá que abonar un nuevo impuesto a la renta y habrá una ampliación del IVA, debido a una reforma tributaria impulsada por el presidente Horacio Cartes, pero el sistema contempla numerosas deducciones.

Un impuesto más fácil de cobrar, sobre las exportaciones de granos, fue vetado por el presidente.

En Paraguay el impuesto a la renta personal solo se creó en 2012, tras ser postergado cuatro veces, y cuenta con una amplia gama de deducciones posibles.

El gravamen que más recauda es el IVA, que pesa especialmente en el bolsillo de los más pobres, para los que supone un porcentaje mayor de sus ingresos.

Además, según los últimos cálculos, el Estado debería recaudar un 28 % más por el IVA, que no se paga por evasión fiscal.

“La alta evasión refleja un círculo vicioso: Estado débil, corrupción, ineficiencia, escasa disponibilidad de recursos y baja calidad de las políticas públicas”, aseveran Dionisio Borda y Manuel Caballero en su estudio, en el que instan a llevar a cabo una reforma tributaria profunda.

Para ello piden también una mejora de la calidad del gasto público y poner límites a la discrecionalidad del manejo presupuestario por parte del Congreso.