Constitucional falla que República Dominicana no tiene que acatar sentencia de la CorteIDH

La República Dominicana no cumplió con los requisitos de su Constitución para firmar su adhesión a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH), por lo que no tendrá que acatar las sentencias de ese organismo, resolvió hoy el Tribunal Constitucional (TC) del país caribeño.

La decisión del TC dominicano sigue al rechazo por parte del Gobierno y otras instancias nacionales de una reciente sentencia de la CorteIDH que condena al país por deportar a haitianos y dominicanos de origen haitiano entre 1999 y 2000.

La disposición de la Corte también ordena a República Dominicana a realizar cambios en su Constitución y en una ley sobre naturalización que ejecuta el país con el propósito de regular el estatus migratorio de miles de personas, en su mayoría haitianas y sus descendientes.

El Constitucional dominicano entendió que el acto del presidente de la República Dominicana Leonel Fernández en 1999, por el que se reconoce la competencia de la CIDH, “viola la Constitución vigente”, ya que, según su sentencia, esa adhesión no fue aprobada por el Congreso Nacional.

“Resulta, en efecto, de la mayor importancia que antes de adherirse a un compromiso internacional de cualquier índole la República Dominicana verifique su conformidad con los procedimientos constitucionales y legales nacionales previamente establecidos”, acotó el TC.

En ese sentido, consideró que esa verificación fue omitida con el ingreso del país a la CorteIDH, y de ahí su inconstitucionalidad.

“Es decir, el Estado dominicano no ha de acumular obligaciones significativas hasta tanto los órganos correspondientes las aprueben a través de los procesos legitimadores requeridos por su Constitución y el resto del ordenamiento interno”, apostilló el máximo tribunal.

El organismo, cuyas decisiones son inapelables, sentenció que la Constitución dominicana atribuye competencia al Congreso Nacional para aprobar los tratados y convenciones internacionales que suscriba el Poder Ejecutivo, y este aún no ha conocido dicho ingreso del país a la CorteIDH.

La decisión adoptada por el TC dominicano se produce después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigiera la semana pasada a la República Dominicana que acate y convierta en un “elemento clave” de su legislación la sentencia de la CorteIDH.

El Gobierno dominicano alegó el sábado pasado que resulta “inaceptable” e “imposible” acatar la exigencia.

“Resulta inaceptable para el pueblo y el Gobierno de la República Dominicana violar las disposiciones del Estado”, expresó el Ejecutivo.