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EXTREMADURA

Opinión

Otra más: Aguablanca

La ciudadanía de una vez por todas, tiene que tomar conciencia de la necesidad de la industria para nuestro futuro, nuestras instituciones políticas tienen que exigir lo que nos corresponde para un mayor equilibrio en los recursos. La sociedad extremeña se tiene que movilizar, en un sentido amplio, para hacerse oír.

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La amenaza de cierre se cierne sobre la mina Aguablanca de Monesterio. Una mina que aporta 400 empleos y que supone 17 millones de euros en salarios con la consiguiente repercusión en distintos tipos de empresas de la zona.

No estamos ante un negocio puro y duro que abre o cierra cuando le da la gana a un empresario. Se trata de un yacimiento minero que se está explotando en nuestra tierra, que comparte al 50% la propiedad con el Ministerio de Industria del Gobierno de España. Se trata por tanto de una iniciativa que tiene apoyo de dineros públicos y de un proyecto compartido.

Estamos hablando de un asunto empresarial, pero también político, desde el momento que existe una fuerte implicación económica de fondos públicos y de una actuación que forma parte de la estrategia del Ministerio de Industria.

No entiendo que se pongan tantas trabas para poner en marcha proyectos industriales en Extremadura, podríamos citar muchos ejemplos como el que empieza por “re” y termina por “finería”, y que la salida luego sea tan fácil. No se puede apelar a lo público para recoger el dinero, y al libre mercado para salir huyendo a por dinero fácil en otro sitio.

Mucha culpa de nuestro escaso desarrollo lo han tenido las políticas que han propiciado una implantación industrial asimétrica, que ha dado lugar a grandes concentraciones de empresas industriales en unas comunidades y ha relegado a otras como Extremadura.

Tendremos que adoptar una actitud mucho más proactiva y beligerante, tendremos que hacernos valer. La ciudadanía de una vez por todas, tiene que tomar conciencia de la necesidad de la industria para nuestro futuro, nuestras instituciones políticas tienen que exigir lo que nos corresponde para un mayor equilibrio en los recursos. La sociedad extremeña se tiene que movilizar, en un sentido amplio, para hacerse oír.

Pero en el asunto que nos trae, el Gobierno de España tiene las competencias. Juega un papel de primer orden porque es copropietario de la mina y dirige la política de minas. Sería impresentable que se escudara en estar en funciones y con su dejadez mandara la calle a 400 familias y al retroceso a toda una comarca. Sería miserable que la dejadez estuviera motivada por colores políticos y sería discriminatorio una vez más que ocurriera porque hablamos de Extremadura.

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