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EXTREMADURA

Opinión

El Decreto de Rescate Ciudadano: un flotador sin aire

En las próximas semanas se darán los pasos que definan cuál será finalmente el carácter de estas leyes. El PSOE tiene la oportunidad de negociar durante la convalidación parlamentaria y demostrar su determinación para acabar con el empobrecimiento de miles de extremeños que votaron el día 24 de mayo por un giro en las políticas sociales

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"... quien engañe, encontrará siempre quien se deje engañar, todos verán lo que aparenta y pocos lo que es, y estos pocos no se atreverán a ponerse en contra de la mayoría..."

El Príncipe, Nicolás Maquiavelo.

Corría el año 2013 y la situación social y económica confirmaba lo que ya se sabía en los pueblos, en los barrios y en las casas de miles de extremeños: la sombra de la pobreza era alargada y proyectaba ya miseria. Hablaban las estadísticas: más de 150.000 personas paradas, casi la mitad de ellas sin coberturas o prestaciones de ningún tipo; más del 40 por ciento de hogares con dificultades para llegar a fin de mes; imposibilidad de hacer frente a las cuotas de la hipoteca o a los suministros básicos; y un largo etcétera de preocupantes estadísticas.

Ante esta situación la respuesta ciudadana fue inevitable. Surgieron los Campamentos Dignidad de Extremadura, se extendieron las plataformas de parados, de afectados por las hipotecas, y otra serie de movimientos reivindicativos. Al Partido Popular no le quedó otra opción que adoptar alguna medida que paliase la situación. La principal fue la Ley de Renta Básica de Inserción, que cubriría a todas esas personas en dificultad económica y aliviaría la presión sobre los más vulnerables, según se anunciaba. Pronto comprobaríamos que detrás de esa ley lo que había no era un intento de atajar la situación de una forma eficaz, si no una huida hacia adelante de un Gobierno que se encontraba asediado socialmente.

Dos años y medio después de la aprobación de dicha ley podemos comprobar que ha sido insuficiente y que además las tasas de pobreza han crecido considerablemente, agravando aun más el problema. El número de solicitantes de esta prestación es de más de 38.000 personas, sin  embargo solamente 8.500 están cobrando, y unas 6.600 la han cobrado en algún momento. Es decir,  más de 23.000 solicitantes no han tenido ningún tipo de contestación. Por no hablar de la inseguridad en cuanto al día de cobro, las interrupciones injustificadas del mismo e incluso la opacidad en la información a la hora de conocer el estado de tramitación de sus solicitudes. Y todo esto con una ayuda que tiene un carácter de urgencia y de supervivencia. Un auténtico desastre, vaya.

La situación socioeconómica en nuestra región hoy no sólo no ha mejorado sino que se ha agravado en muchos sentidos, a pesar del cambio de Gobierno. La entrada de Guillermo Fernández Vara a la presidencia de la Junta de Extremadura supuso para muchos de los votantes extremeños -al menos eso dijeron las urnas-  una esperanza de cambio en estas cuestiones. Tanto antes como durante la campaña electoral el PSOEx anunció 60 medidas – la autodenominada 'Agenda del Cambio'- que, firmadas ante notario, se pondrían en marcha en los primeros seis meses de Gobierno en caso de ganar las elecciones. La medida número 60 hablaba de extender la Renta Básica para todos los extremeños sin prestación y asegurar los suministros básicos energéticos. Todo ello acompañado por su previsión de gasto: 40 millones de euros para la RB y otros 12 para la segunda.

Al inicio de la legislatura, miembros de Podemos nos reunimos con el consejero de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda para ver cuál era la situación de la consejería y los principales retos a los que el PSOE pensaba hacer frente. Lo que recibimos fue una confirmación de lo que ya intuíamos: los fondos que se habían presupuestado para la RB habían sido finalmente destinados a otras partidas y el atasco de expedientes sin resolver era monumental. Tanto el consejero, José María Vergeles, como nuestro partido y los movimientos sociales llegamos a una conclusión: había que desatascar todas esas solicitudes y dotar de fondos para su pago.

Por explicarlo de otra manera, y sabiendo que algunos de los responsables de esta Consejería tienen un amplio conocimiento de Medicina: teníamos diagnóstico y teníamos tratamiento. Si una casa sufre una inundación y los muebles se estropean está claro que habrá que comprar muebles nuevos, pero lo primero es vaciar de agua el inmueble. Con la Renta Básica y el Decreto de Rescate Ciudadano, que ha anunciado la Junta, pasa algo parecido: está claro que hay que redactar una nueva ley mucho más amplia en cuanto a condiciones de acceso, dotación de las prestaciones, etc. Sin embargo, lo prioritario a corto plazo es desatascar el inmenso número de personas que la solicitaron y nunca llegaron a tener una respuesta. Y para eso hacen falta fondos y personal, luego ya vendrán las reformas que sean necesarias. Para eso es una ayuda de urgencia.

Ese parecía que iba a ser el camino adoptado por la Consejería: el compromiso adoptado por el nuevo Gobierno era el de pasar de los más de 4.000 beneficiarios que se encontraban percibiendo la RB en julio a 15.000 para el 15 de agosto. Pero el 15 de agosto ya pasó, y también pasó el 15 de septiembre y el 15 de octubre..., y nada de esto se hizo realidad. Se dotó con cinco millones más los fondos de esta prestación, pero con esta cantidad claramente insuficiente sólo se ha llegado hasta las 8.600 personas. Hasta ahora, éste es el recorrido que ha tenido el 'rescate' ciudadano del PSOE; es todo lo que han hecho en una situación de urgencia máxima. Nos han copiado a Podemos los términos y el estilo - rescate ciudadano- pero no la actitud ni la determinación.

Conscientes de la dificultad de las cuentas públicas el día 10 de septiembre presentamos la Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana (PEC). Es sencilla: se trata de asegurar que fondos económicos y recursos humanos existentes se destinen a las prestaciones sociales -dependencia, ayudas para mujeres víctimas de maltrato, la propia renta básica, etc-, por delante de dietas, medallas y otras cuestiones secundarias. Dotaba a la actual ley de lo que carecía para funcionar.

En lugar de apoyarla, el Gobierno autonómico ha decidido presentar un decreto que abarca varias problemáticas, sin haber escuchado a los movimientos sociales y habiéndonos dado a los partidos 48 horas para negociar; sin olvidar que ha vetado nuestra ley de Procedimiento de Emergencia Ciudadana. Tras más de un mes publicitándolo, la pasada semana han aprobado la parte que corresponde a suministros básicos y las ayudas de emergencia. El primero estará dotado con sólo cinco millones, muy lejos de los 12 que el propio PSOE prometió en su programa. El segundo es una constatación de que se da por perdido el atasco descomunal en la Renta Básica de Inserción.

No sabemos si las medidas, insuficientes, que el PSOE ha aprobado se cumplirán. Si no tienen fondos y personal es seguro que acabarán como las anteriores: sólo palabras. Por ello desde Podemos, tras reunirnos con los movimientos sociales, hemos presentado una reforma urgente de Ley de Renta Básica y una Ley contra la pobreza energética, dotadas con el 1 y el 0,1 por ciento del PIB (80 millones de euros y 15, respectivamente); precisamente para asegurar que se cumplan. Además establece el silencio administrativo positivo, la compatibilidad de la renta básica con las ayudas de suministros mínimos, y otra serie de reformas que pueden ayudar a la mejora de la actual ley. Es un reforma urgente pero con propuestas de calado, lejos de la versión del PSOE que sólo introducía la apertura de ventanilla continua y un par de reformas menores.

En las próximas semanas se darán los pasos que definan cuál será finalmente el carácter de estas leyes. El PSOE tiene la oportunidad de negociar durante la convalidación parlamentaria y demostrar su determinación para acabar con el empobrecimiento de miles de extremeños que votaron el día 24 de mayo por un giro en las políticas sociales. Es el momento perfecto para que tanto desde la calle como desde las instituciones presionemos para conseguir unas leyes eficaces que acaben con la creciente desigualdad que planea sobre nuestra comunidad. Reformas legales que aseguren una cobertura amplia y dotación económica que asegure su cumplimiento. Si el camino elegido es ése, el Gobierno regional podrá contar con nuestro apoyo. En caso contrario pueden dar por hecho nuestra posición: hemos venido a cambiar la vida de la gente, no a formar parte del circo en el que siempre pierden los de abajo.

 

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