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EXTREMADURA

Empresas forestales llevarán a la Junta a la Fiscalía por las ajudicaciones directas a Tragsa

En el último trienio han sido 182 millones de euros, y las empresas creen que se podrían haber ahorrado 54

El precio de las adjudicaciones estaría un 30% por encima de mercado

La adjudicación directa se hace mediante una “argucia legal”

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Repoblación en una zona quemada por un incendio forestal / Foto: José Naranjo

Trabajo de reforestación tras un incendio

Mientras las empresas privadas de gestión forestal y ambiental se aprietan el cinturón, y acuden a las licitaciones oficiales de la Junta con bajas de hasta el 38%, el Ejecutivo regional sigue adjudicando a la pública estatal Tragsa y de forma directa con precios por encima del mercado, según denuncia de la asociación empresarial extremeña Aeefor, que piensa poner el asunto en manos de la Fiscalía y no descarta presentar al final una querella penal.

La acción judicial va dirigida contra el presidente de la Junta, José Antonio Monago, y el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Antonio Echávarri, y se basa en el perjuicio económico que la Administración regional estaría sufriendo por esas adjudicaciones directas a Tragsa.

En el último trienio, 2012-2014, el Consejo de Gobierno de la Junta ha realizado adjudicaciones a esa empresa (propiedad en un 85% del Estado por mediación de la SEPI) por valor de 182 millones de euros, y en las cuales si se hubieran sacado a licitación pública, con posibilidad de que varias empresas presentaran oferta, el ahorro habría sido de 54,6 millones de euros, un 30% ya que “esa es la baja media que se está dando en las adjudicaciones oficiales del sector”, acusa Francisco Castañares, presidente de la asociación extremeña de empresas forestales y del medio ambiente (Aeefor).

Una baja, la del 30%, que en los últimos tiempos y ante la necesidad de trabajo ha llegado hasta el 38% en algún caso

Francisco Castañares

Francisco Castañares, presidente de la asociación de empresas forestales y ambientales Aeefor.

La adjudicación directa al grupo de empresas Tragsa, bajo la fórmula legal de encomiendas de gestión, se ampara en que Tragsa es un “medio propio”, ya que la Junta de Extremadura posee, en paralelo a otras comunidades, un uno por ciento (no llega) de las acciones de ese grupo; fórmula similar a la que se emplea para hacer encomiendas a Gpex, con la diferencia de que este último es en su totalidad propiedad de la Junta.

“Para nosotros aferrarse a ese ‘medio propio’ es una argucia legal, ya que no se puede considerar como tal a algo que no te pertenece en el noventa y nueve por ciento de las acciones”, añade el presidente de Aeefor.

Es una representación “testimonial, ínfima,  realizada simplemente con ánimo de aprovechar un resquicio legal, para que la empresa estatal salga favorecida en sus negocios con la administración regional”.

La otra “irregularidad” se produce al adjudicar a Tragsa a precios por encima de mercado, ya que se le dan los trabajos por la totalidad inicial del presupuesto, sin dar oportunidad a que por concurrencia competitiva se presenten varias ofertas y conseguir así un ahorro para la Administración, que sí se produce en otras contratas que adjudica la propia Junta a empresas forestales y ambientales.

La asociación Aeefor, formada por una veintena de entidades y adscrita a la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), celebró la semana pasada asamblea general en Plasencia y tomó la decisión de denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción al presidente de la Junta, José Antonio Monago, ya que las encomiendas de gestión se aprueban siempre en el Consejo de Gobierno presidido por él, y al consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Antonio Echávarri, como responsable por hacer la propuesta a ese órgano de gobierno.

Los abogados de la asociación estudian también si ampliar la queja a dirigentes de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, que son los encargados de velar por la correcta gestión de los fondos y el cumplimiento estricto de la legalidad de los acuerdos del Consejo del Gobierno.

Luego subcontrata con un 40% de baja

Como agravante, la agrupación empresarial Aeefor señala que las obras, una vez adjudicadas directamente a Tragsa, son subcontratadas en su mayor parte, dado que “ni Tragsa, ni ninguna de las empresas del grupo, tiene la estructura necesaria para hacer frente a las mismas”. Las subcontrataciones que realiza, generalmente a empresas locales, se hacen por el procedimiento de subasta, llegando a alcanzar las mismas bajas superiores al 40% de los importes que se licitan. “Es decir, Tragsa exprime a las pequeñas empresas extremeñas que quieren contratar con ellas, llevando a muchas de ellas al borde de la quiebra, mientras los beneficios de la empresa pública aumentan desaforadamente”.

Al no haber según Castañares proyecto, ni por tanto determinación enumerada de las unidades de obras a realizar, ni precio de las mismas, “la realidad práctica ante la que nos encontramos es que la Administración autonómica, de hecho, le dice a Tragsa que le facture hasta un importe total del importe máximo establecido en cada encomienda de gestión. ¿Ejecutan las obras en su totalidad? Nadie lo sabe… Si a la ausencia de ‘papeles’ y documentación técnica sobre las que soportar la ejecución del gasto público, le añadimos la dificultad de medir el trabajo que se realiza en los montes, estamos ante un caso que sin duda merece una investigación a fondo”.

Debería según Aeefor investigarse la documentación existente, solicitar declaración a todos los técnicos de la administración que hayan intervenido en el diseño, ejecución y control de las obras, y comprobar sobre el terreno, mediante  informe elaborado por peritos independientes, que las mismas se han ejecutado al 100% en cada caso.

Castañares considera que debería tomarse declaración también al presidente y al director general de Tragsa, así como a su responsable territorial en Extremadura, con el fin de determinar, sobre todo, “qué ha pasado con la importante cantidad de dinero ganada en Extremadura y que nosotros ciframos inicialmente, como ya hemos dicho, en un mínimo de 54 millones de euros, a falta de saber que está ocurriendo con las encomiendas de 2015”.

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