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La Fiscalía pide prisión para el alcalde y exalcalde de El Gordo por malversación y prevaricación

La residencia de ancianos que ha motivado el litigio

Efe / eldiarioex

La Fiscalía provincial de Cáceres ha acusado de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos al exalcalde del municipio de El Gordo (Cáceres) y al actual regidor, ambos del PP, por la adjudicación de las obras de una residencia de ancianos y pide cuatro y tres años de prisión para ellos, respectivamente.

A los acusados Bautista Sánchez y Elías Correas, exalcalde y actual ocupante del cargo, respectivamente, se suman el arquitecto de la obra y un técnico municipal, que eran padre e hijo y que se ocuparon de la redacción del proyecto y la dirección de la obra.

En el escrito de acusación la Fiscalía solicita además para todos ellos la inhabilitación para empleo y cargo público durante ocho años, excepto para el exalcalde, que lo amplía a 16 años.

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2009 cuando Sánchez promovió como alcalde la construcción de una residencia de ancianos en El Gordo con un presupuesto de 2,6 millones de euros.

Para la adquisición del terreno donde se debía construir, el ayuntamiento firmó un contrato de compra-venta a través de un procedimiento “sin publicidad y sin promover concurrencia de oferta”, aunque “fue ajustado a las normas legales”, según la Fiscalía.

El contrato de las obras fue por procedimiento abierto y adjudicado a la Sociedad Guinea y La Loma.

El técnico municipal y su hijo

El entonces alcalde encomendó la redacción del proyecto al arquitecto procesado y la dirección de obra al técnico municipal también encausado, y que es padre del anterior.

El Ministerio Fiscal señala que ambos, por su profesión, sabían cómo se debía de hacer la adjudicación de esos servicios profesionales, “pero para asegurarse la obra prescindieron de las normas de contratación e hicieron una adjudicación directa, y no existió contrato alguno”.

La cuadra del padre

Por otra parte el entonces alcalde y el actual acordaron con el contratista que una cuadra, en la zona afectada por la obra y propiedad del padre del segundo de ellos, se derribara y se construyese mejorada en otra zona; la obra no estaba incluida en el contrato de la residencia de ancianos, y se hizo con perjuicio para el Ayuntamiento según la Fiscalía.

La obra de la cuadra fue realizada por el constructor, que no ha cobrado los 11.390 euros de gastos por los cuales reclama.

La Fiscalía ha formalizado su acusación ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Navalmoral de la Mata para que declare la apertura de juicio oral.

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