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EXTREMADURA

Instituciones y activistas solucionan otro desahucio, el de una madre con dos hijas

El Ayuntamiento de Mérida ha mediado entre ella y la propiedad de la vivienda, y ahora tiene un piso social

Campamento Dignidad, IU, Podemos o la PAH han presionado y reclaman también contra los desahucios públicos

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Noelia tras recibir solución al problema; a la izquierda el diputado regional de Podemos Daniel Hierro

Noelia tras recibir solución al problema; a la izquierda el diputado regional de Podemos Daniel Hierro

Instituciones, partidos políticos y voluntarios particulares han conseguido solucionar otro desahucio de tipo económico, el de Noelia, una madre de 38 años con dos hijas a su cargo, que se había quedado sin dinero para pagar el alquiler de la vivienda privada que habitaba, iba a ser expulsada del piso, y consiguió por fin este martes una vivienda social para no quedarse en la calle.

Aunque con enfrentamiento por ver quién ha contribuido más a remediar el problema, si la gestión oficial desde el Ayuntamiento de Mérida, o la presión política y popular, esta familia no consiguió una salida hasta que por fin se le facilitaron las llaves de un piso de propiedad pública.

A primera hora de la mañana un buen puñado de integrantes del Campamento Dignidad, IU Mérida, Mérida Participa, Podemos, y de la plataforma antidesahucios (PAH) de Almendralejo se apostaron en la puerta de la casa para evitar el desalojo.

Horas después, tras negociaciones y presiones, el conflicto quedó solucionado con las llaves de una nueva casa y según comunicó el Ayuntamiento de Mérida era la tercera vez que desde esa institución se frenaba el desahucio.

“La Alcaldía ha estado en contacto permanente con la familia afectada los últimos meses; esta mañana el alcalde ha recibido en su despacho a la afectada y al propietario del piso, y se han hecho las gestiones oportunas, ante el Juzgado y propietario de la vivienda”.

Noelia, con el alcalde de Mérida, en el centro de la imagen

Noelia, con el alcalde de Mérida, en el centro de la imagen

El Ayuntamiento de Mérida, a través de su oficina de mediación, “ha resuelto y seguirá resolviendo todas las situaciones similares que pudieran surgir. La prioridad más importante de este Ayuntamiento, será en esta legislatura la atención a las personas”.

Un comunicado que no convence ni mucho menos a los partidos y colectivos sociales que sostienen que el problema se ha solucionado gracias a la presión que han ejercido, y acusan al Gobierno regional de seguir practicando desahucios económicos; están en contra de los habidos la semana pasada en los Colorines de Badajoz, de viviendas ocupadas irregularmente vía prestamistas, o usadas para conductas antisociales.

¿Cuándo se va a enterar la Junta de Extremadura que no sólo es el casero de 15.000 viviendas sociales sino la Administración encargada de cumplir el precepto constitucional que establece el derecho a una vivienda digna (artículo 47), así como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25)?”, pregunta Campamento Dignidad.

El problema de la vivienda en Extremadura no es para ese colectivo el del patrimonio público de viviendas sociales, ya de por sí bien exiguo.

En relación a lo ocurrido en los Colorines, “la solución no puede ser echar un pobre para meter otro pobre.   La solución pasa, ineludiblemente, por intervenir en el parque de viviendas vacías propiedad de los bancos, que han sido rescatados con dinero público. Una de cada cuatro viviendas vacías está en manos de las entidades financieras. Ahí es dónde está la solución y no en sembrar la guerra entre pobres. Esa fue la divisa de la política del PP y parece que el PSOE quiere continuarla a pies juntillas”. 

Exigen que Fernández Vara cumpla “su palabra” en materia de desahucios, paralizando los 1.350 expedientes en marcha.

Reclaman la negociación de al menos de las siguientes cuestiones: Regularización de las ocupaciones irregulares; revisión de las minoraciones y moratoria de alquileres sociales; puesta de las viviendas de la SAREB a disposición de las familias necesitadas; terminación de las 210 viviendas de la Urbanización de los Álamos en Mérida, así como de otros bloques inutilizados, y ampliación de la política de ayudas al alquiler

 

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