La Junta sigue gastando más de lo que ingresa, otros 425 millones hasta septiembre
Las cuentas de la Administración autonómica no mejoran, todo lo contrario. El desfase entre ingresos y gastos a favor de estos últimos era a fecha 2 de septiembre pasado de 425,5 millones de euros y representaba un porcentaje de déficit del 2,47% sobre el producto interior bruto regional. Mientras el PP lo niega todo y llama “mentiroso” al nuevo Ejecutivo socialista, este último se ahoga económicamente hablando, y va a tener difícil desarrollar las políticas que tenía pensadas.
No queda más remedio que acudir a préstamos cuantiosos por parte del Gobierno central que en este momento controla en ese aspecto el ministro Montoro. La consejera extremeña de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, ha explicado este martes que pedirán 635,6 millones de euros.
De ellos 253 son para enjugar el déficit presupuestario que tuvo el Gobex de Monago el año pasado (425 millones), y cuando vengan, 200 serán empleados paga pagar deudas del Servicio Extremeño de Salud (SES).
Por otro lado como el plazo de pago a proveedores en general a 30 de junio excede de los plazos legales, el 27 de julio la Junta pidió para 2016 la adhesión por 382,6 millones al fondo de liquidez autonómica.
Controlar, pero en tres años
Préstamo sobre préstamo, deuda sobre deuda, la consejera Blanco-Morales asegura que la Junta podrá controlar las cuentas pero no será antes del 2018, y que ello se hará sin recortar en los tres servicios ciudadanos esenciales: sanidad, educación y políticas sociales.
La responsable de Hacienda y Administración Pública ha comparecido este martes en el Parlamento regional para explicar los planes de su departamento. Como Extremadura incumplió el año pasado todas las exigencias en sus cuentas públicas –déficit y plazo de pago a proveedores principalmente- lo primero que hará el nuevo Gobierno de Vara es atajar el déficit de 2014 y las deudas a proveedores con esos dos créditos, y luego redactará un plan de equilibrio económico-financiero.
Pero “lo haremos dentro de un plazo razonable sin recortes que afecten a derechos básicos de los ciudadanos”, mas teniendo en cuenta la gravedad del problema, y el margen que Bruselas da a España hasta 2018 para sanear sus cuentas, se hará con ese horizonte. “Ofrecemos al Gobierno lealtad constitucional pero a la vez exigimos correspondencia con Extremadura, que pasa por cumplir el Estatuto de Autonomía en deuda histórica y las inversiones extraordinarias que contempla”, define Blanco-Morales.
Los Presupuestos de la Junta para 2016, a presentar en octubre, no recortarán servicios esenciales y serán “austeros pero plausibles, acordes con la estabilidad presupuestaria y las necesidades ciudadanas”.
Impuestos progresivos, alguno nuevo
La consejera ha anunciado un nuevo modelo fiscal que además de incorporar nuevos impuestos (en estudio) de sobre todo progresividad a los que no la tienen; está en redacción una Ley de Mecenazgo que implique a empresas y consumidores de productos culturales por medio del micromecenazgo, y en cultura habrá medidas fiscales de promoción.
Estatuto de Autonomía
La Consejería de Administraciones Públicas promoverá la Reforma del Estatuto Autonomía acordada por Consejo Gobierno regional el pasado 11 septiembre. La propuesta prevé facilitar la iniciativa legislativa popular, crear un registro de programas electorales, “contar con los ciudadanos cuando se modifiquen sus derechos básicos”, y devolver competencias al Estado, “de cuyas manos nunca debieron salir”.
Pilar Blanco-Morales también ha anunciado el inicio de las negociaciones con los sindicatos en octubre para convocar el turno de ascenso del personal laboral; una “ley de impacto burocrático” que aprobaría el silencio administrativo positivo, y la apertura de un teléfono de información administrativa, el 012.
Obed Santos (Podemos) solicitó en su turno de la comparecencia de la consejera que se prohíban las subcontratas, y preguntó si el grupo público Gpex es un “nido de enchufismo”.
Luis Carrón (PP) insiste en que la situación económica no es tan mala y que todas estas declaraciones perjudican a la economía extremeña y la atracción de inversiones.
