La Junta saca ayudas de hasta 10 millones para grandes industrias, como sería la azucarera
La Consejería de Economía e Infraestructuras ha aprobado los dos nuevos decretos de incentivos industriales, que son ayudas para la instalación de empresas, y que a lo largo del cuatrienio 2017-2020 tienen un presupuesto estimado de 54 millones de euros según ha dado a conocer el consejero José Luis Navarro.
Los decretos han recibido el visto bueno en el Consejo de Gobierno regional celebrado este martes.
Hay un decreto mediante el que se podrá destinar una subvención máxima de 10 millones de euros a grandes proyectos industriales que se asienten en la región, cuya inversión supere los 50 millones de euros y genere más de un centenar de puestos de trabajo.
José Luis Navarro ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se trata de una línea de ayuda financiada exclusivamente con fondos autonómicos y el porcentaje a subvencionar será del 2,5 por ciento de la inversión prevista.
Es para ofrecer “un elemento diferenciador” para incentivar a aquellas empresas que están planteándose poner en marcha en Extremadura sus proyectos, algunos de los cuales no pueden ni darse a conocer porque contienen incluso cláusulas de confidencialidad.
Con ello, se pretende potenciar el sector industrial de Extremadura, hacer más atractiva la región a posibles inversores y, además, hacer una utilización más eficiente de los recursos públicos ya invertidos en suelo industrial, poniéndolos en valor y rentabilizándolos.
El decreto establece que todo beneficiario deberá hacer una aportación financiera mínima al proyecto del 25 por ciento de los costes subvencionables, bien mediante sus propios recursos o bien mediante financiación externa.
Asimismo, el proyecto subvencionado deberá crear un mínimo de 100 nuevos puestos de trabajo indefinidos directos, incluidos en su caso los trabajadores fijos discontinuos, y realizarse sobre suelo industrial del que sea titular la administración autonómica o los entes del sector público autonómico.
Incentivos generales
Además de este decreto, el Consejo de Gobierno ha aprobado otro de incentivos empresariales autonómico, que no entrará en vigor hasta enero de 2018, está cofinanciado con Fondos Feder y que se pretende dotar con al menos 54 millones de euros.
Mediante este decreto se pretende apoyar la creación de nuevas empresas; consolidar las ya existentes, favoreciendo y promoviendo los proyectos de ampliación, modernización y traslados de éstas; e impulsar la transformación y adaptación a la industria conectada o industria 4.0.
Además, se intentará favorecer la continuidad de empresas en peligro de desaparición por jubilación, incapacidad permanente o fallecimiento de su titular, así como promover la creación y mantenimiento del empleo.
Sin perjuicio de las peculiaridades establecidas para cada una de las modalidades de ayudas, tendrán la consideración de beneficiarias las empresas y, en especial, las Pymes que realicen inversiones en la Comunidad Autónoma en aquellos sectores de actividad considerados como subvencionables.
Este decreto introduce un conjunto de mejoras y novedades respecto al actual, en vigor hasta el 31 de diciembre de 2014, entre ellas la eliminación de la necesidad de vincular en algunos casos la inversión a la solicitud de financiación externa.
También se incorporan una serie de modificaciones y nuevas líneas, en aras de buscar una mayor eficiencia a los recursos que la Junta de Extremadura y los fondos estructurales de la UE ponen a disposición de las empresas de esta región.
Así, en la modalidad de subvenciones por actividad se amplían los sectores que se pueden acoger a esta modalidad, de modo que todos, salvo los excluidos por la normativa europea, pueden acogerse a ella.
Como consecuencia de la ampliación de los sectores, se dará prioridad en las ayudas a las industrias extractivas y transformadoras, manufactureras y de reciclado de productos, los servicios de hospedaje y los servicios técnicos de ensayos y análisis relacionados con el sector industrial.
También se incluyen como prioritarias las guarderías infantiles, las residencias geriátricas y las empresas de producción cinematográfica, de artes escénicas y para televisión.
