El Parlamento autonómico exige que las costas judiciales por las preferentes no tributen
El pleno de la Asamblea ha aprobado por unanimidad pedir al Gobierno que dé instrucciones a la Agencia Tributaria para que se paralice la tributación de las costas judiciales derivadas de pleitos y reclamaciones de los afectados por la comercialización de productos financieros como las preferentes y deudas subordinadas.
La propuesta de pronunciamiento del PSOE y enmendada por el PP, también solicita que se den instrucciones para regularizar las tributaciones ya efectuadas por este mismo concepto.
Aunque la iniciativa ha contado con el respaldo de todos los grupos, PSOE y PP no han desaprovechado la ocasión para acusarse mutuamente sobre quienes son responsables políticos de esta situación.
En la propuesta también se pide modificar la legislación tributaria para que se permita la deducción de los gastos en que hayan incurrido la parte vencedora en una reclamación cuando haya condena en costas judiciales derivadas de estos procedimientos e incluir un catálogo de excepciones de tributación de costas judiciales.
Comedores escolares todos públicos
Por contra la Asamblea ha rechazado, con los votos del PSOE y PP, una propuesta de impulso de Podemos en la que pedía una serie de cambios en la gestión de los comedores escolares, orientados a que la Junta de Extremadura recupere la gestión directa de los mismos.
Además, proponía que en el caso de que no fuera posible se incluyan una serie de cláusulas en los pliegos y contratos con las empresas que incentiven a las pequeñas y medianas empresas, fomenten la igualdad real entre hombres y mujeres y el consumo de productos locales.
A la propuesta había presentado una enmienda el PSOE, que fue rechazada por Podemos, ya que, según su portavoz, Irene de Miguel, no aporta nada nuevo, y ha lamentado la actitud de la Junta que recientemente ha aprobado los criterios de contratación de estos comedores para el próximo curso pese a saber que esta propuesta se iba a debatir en la Cámara.
Irene de Miguel ha criticado que el gobierno extremeño mantenga los criterios que aprobó el gobierno de José Antonio Monago, por lo que se ha mostrado “cansada del doble discurso del PSOE”, ya que seguirá primando que las grandes empresas sean las que se queden con estos contratos.
