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EXTREMADURA

Cambia el sistema de asesoramiento agrario que causó la investigación a UPA-UCE

Ahora la subvención es directa a la entidad, en vez de al agricultor

La Junta convoca las ayudas hasta 2020, por 7,5 millones

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Las ayudas para asesoramiento agrario, dotadas con 7,5 millones de euros para los próximos tres años 2018-2020, 2,5 millones por cada anualidad, pasan de ser una subvención directa al titular de la explotación a ser gestionadas por entidades de asesoramiento agrario inscritas en un registro oficial, y que son en este momento 25.

Así lo ha explicado la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, quien ha asegurado que este cambio en los beneficiarios "no tiene nada que ver" con el proceso judicial en torno a las ayudas de asesoramiento agrario prestado por UPA-UCE.

Según la portavoz, esta modificación está estipulada en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020, de donde provienen estos fondos europeos, como consecuencia de una nueva directiva comunitaria que la Junta "tiene que cumplir".

El Consejo de Gobierno reunido este martes ha autorizado la contratación de este servicio de asesoramiento agrario, dividido en 26 lotes de licitación que se repartirán por las 22 comarcas agrarias de la Comunidad, con el fin de garantizar un reparto equitativo y dar facilidad a los agricultores respecto a los trámites burocráticos.

Especializadas

La principal novedad de este servicio es que los beneficiarios de las ayudas serán las entidades inscritas en el Registro de entidades de asesoramiento agrario de la comunidad. En la actualidad hay registradas en torno a 25 entidades, entre organizaciones profesionales agrarias, empresas..., según la reseña del Consejo.

Según el decreto 166/2009, de 17 de julio, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento de las entidades que presten servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias, éstas deben tener personalidad jurídica, así como las uniones o federaciones de éstas o cooperativas.

También deben incluir en el objeto social definido en sus estatutos la prestación de asistencia y asesoramiento a agricultores y ganaderos, y acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 3 del decreto.

Así, las entidades deberán cumplir una serie de requisitos en cuanto a los medios materiales y humanos necesarios, implantados en las respectivas comarcas agrarias donde se ubican las explotaciones que son objeto de asesoramiento.

Gil Rosiña ha remarcado que con este servicio se persigue fomentar la progresiva innovación en el sector agrario, por ejemplo mediante el uso de energías renovables, con el fin de promover su profesionalización y competitividad para garantizar una renta digna.

Cuestionada por la operación "Tellus", que afecta a UPA-UCE, ha insistido en que se debe "separar" esta convocatoria del procedimiento judicial y ha reiterado "el respeto absoluto y la máxima colaboración" de la Junta con la administración de justicia.

Al ser preguntada por la supervisión de las ayudas, ha señalado que el Ejecutivo extremeño tiene, tanto en estas ayudas con dinero de la UE como en tantas otras de sus distintos departamentos, "los mismos mecanismos de control".

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