20 personas atenderán el sistema de intermediación bancaria antidesahucios de la Junta
Una veintena de personas van a trabajar en el servicio de intermediación bancaria de la Junta, que se pondrá en marcha de forma inmediata y se va a encargar de ayudar a las familias en riesgo de desahucio por impago de la hipoteca, renegociando junto a ellas y con el banco la deuda para buscar una solución, y también va a gestionar la creación de una bolsa pública de alquiler de viviendas propiedad de bancos o particulares.
El pasado día 12 el Consejo de Gobierno de la Junta acordó encomendar el trabajo a la empresa pública autonómica Gisvesa (Gestión de Infraestructuras, Suelo y Vivienda de Extremadura) con un presupuesto inicial de 425.464 euros.
Gisvesa se ha puesto ya a la tarea y estos días atrás ha empezado el proceso de selección para contratación urgente, con trabajo en principio hasta finales de año, de ocho técnicos; la presentación de los currículum vitae de los candidatos terminaba este lunes a las diez de la mañana.
Se trata de dos coordinadores, uno de ellos especialista en asuntos financieros hipotecarios y el otro un coordinador jurídico; un técnico superior en Psicología o Sociología; un licenciado en Derecho o Económicas que actuará como asesor al deudor hipotecario; un Licenciado en Derecho para poner en marcha la Bolsa Pública de Alquiler, que intervendrá ante propietarios y arrendatarios; un técnico medio diplomado en dirección y administración de empresas que complementará a los técnicos anteriores en asuntos hipotecarios y del alquiler; un diplomado trabajador social, asistente social o equivalente, y un técnico medio diplomado en administración y dirección de empresas o equivalente.
Este último se encargará, según el perfil publicado, del registro de viviendas en alquiler social, y el de demandantes.
Resolución de conflictos
La presencia de un psicólogo/sociólogo en el servicio de intermediación bancaria se justifica por las necesidades que se generan en las situaciones de desahucio dada su naturaleza, en atención al control de los factores psicosociales. Potenciará además el “entrenamiento en estrategias de resolución de conflictos, colaborando en la labor de asesoramiento y puesta en contacto entre la entidad financiera y el deudor hipotecario con el objeto de facilitar la fluidez de la comunicación entre las partes, y de facilitar asesoramiento y atención multidisciplinar e integral a la población demandante, proporcionando con ello un apoyo esencial para muchas familias que han visto peligrar un derecho tan esencial como la vivienda”.
Al trabajador social, asistente social o equivalente se le contrata según Gisvesa con el fin de llevar a cabo actuaciones precoces sobre las causas que generan problemáticas individuales y colectivas y para prevenir consecuencias posteriores, así como para la atención de personas o grupos que presentan, o están en riesgo de presentar problemas de ejecuciones hipotecarias.
Hará también tratamiento de datos e informes sobre análisis de colectivos socioeconómicos y situaciones de vulnerabilidad.
Además de estos ocho técnicos habrá 12 trabajadores de administración según informa la Junta, de ellos cinco oficiales y cuatro auxiliares en labores administrativas propiamente dichas, más otros tres auxiliares que atenderán en persona o por varios canales (teléfono, internet, etc.) al ciudadano que use este servicio de intermediación.
La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, responsable política de la encomienda, espera tener para septiembre/octubre perfilado con detalle el contenido, funcionamiento y características del servicio.
