La ‘auditoría de la deuda’, de los 42 millones que debe Plasencia, recibe poco apoyo
La ‘auditoría de la deuda’, un principio casi dogmático de las nueva formaciones políticas de izquierda que han aparecido en España, ha llegado a la capital del norte extremeño, a Plasencia. Lo hace en forma del deseo por indagar el por qué la ciudad está en bancarrota a consecuencia de un litigio judicial, con causas originadas hace 32 años, que obliga a los placentinos a pagar 42 millones de euros.
El Ayuntamiento expropió unas antiguas huertas, los propietarios recurrieron a la Justicia y ganaron: 24 millones más otros 18 de intereses.
El único concejal de Plasencia en Común, Abel Izquierdo, que procede de IU, ha planteado una ‘auditoría de la huerta’ para aclarar con detalles “cómo hemos llegado hasta aquí, si hay responsables que se sepa quiénes son, y además determinar cómo abordamos ese pago con los menores perjuicios para la ciudad”.
De momento su propuesta, para crear dentro del Ayuntamiento una comisión de investigación, parece contar con poco apoyo político más allá del que aporta Extremadura Unida y su ex concejala Mayte Rivero.
Por eso Abel Izquierdo y ella han reclamado esta semana pasada apoyo social ya que no parece clara la de los partidos “clásicos y monolíticos” en una clara alusión al PP, que gobierna en la ciudad con mayoría absoluta, y al PSOE.
En busca de la red social
Les apoyan por el contrario, colectivos sindicales vecinales y políticos que el edil de Plasencia en Común no quiere especificar porque “todavía no han firmado”, y las dos formaciones solicitantes de esta comisión de investigación están pidiendo también firmas de los ciudadanos para que la propuesta se pueda aprobar en el Ayuntamiento con ese respaldo social, una idea de investigación que, aclara, “no es revanchista ni va contra ninguna persona o partido político”.
El PP tiene mayoría absoluta con 11 concejales de 21 y su líder y alcalde, Fernando Pizarro, explica a eldiarioex, sobre esa solicitud de comisión, que todavía no la conoce puesto que no se ha presentado ni registrado, “y cuando lo hagan y la lea, me podré pronunciar”.
Sin la aceptación de ese partido no habría investigación, pese a que la apoyara por ejemplo la principal fuerza de oposición, PSOE (7 concejales), cuyo portavoz David Núñez ha anunciado que harán pública su postura este lunes.
El único edil de Ciudadanos, Juan Carlos Hernández, ya ha dicho que no la va a apoyar. “No es necesaria” puesto que el tema del litigio y desastre para el Ayuntamiento producido en las Huertas es un tema “sabido y requetesabido, trillado y supertrillado, hay no una sino hasta doce sentencias que lo explican todo”.
“Mejor, cómo pagar”
Les preocupa más, añade Hernández, cómo hacer frente al pago, y en eso están en contra de la solución planteada por el alcalde Pizarro, que es el préstamo pedido y concedido por el Gobierno central de 24 millones, que obliga a unos recortes anuales fortísimos y que desde Plasencia en Común Abel Izquierdo califica como “el triunfo de la troika”.
De forma confidencial, un líder político de la ciudad confiesa a este diario que no entiende a estas alturas una comisión de investigación en la que habría que hablar forzosamente de un alcalde internado actualmente en una residencia de mayores, José Luis Mariño, con quien se inició en 1983 el problema; de otro ya fallecido, Cándido Cabrera, y saldría a colación una tercera, la alcaldesa Elia Blanco, que cumple prisión desde mayo pasado.
Pero a Plasencia en Común (Abel Izquierdo) lo que le chirría es la realidad en los próximos años, como el plan para 2016 aprobado por el PP en solitario y que según esa formación izquierdista traerá una subida del 10% en el IBI, lo mismo en la tasa de alcantarillado, incremento del 50% en la tasa por usar instalaciones deportivas, eliminación del servicio social de ayuda a domicilio, despido de dos agentes de igualdad y uno de desarrollo local, o la desaparición de los planes de empleo propios del Ayuntamiento.
Y la amenaza de los 42 millones (24 del principal de la deuda más 18 de intereses) sigue asfixiando a la ciudad, entre otras cosas por unos elevadísimos intereses “que no son culpa sino de la tardanza de la Justicia”, reprocha Juan Carlos Hernández (C’s).
