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EXTREMADURA

La Asamblea apoya a los empleados de Ibercaja y pide que Caja Badajoz los defienda

145 afectados en la región

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Ibercaja inicia las reuniones informales con los sindicatos para negociar un ERE

El Pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado una declaración institucional en la que manifiesta su solidaridad con los empleados extremeños de la entidad financiera Ibercaja afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) e insta al accionista, Fundación Caja Badajoz, a que "defienda los intereses de estos empleados".

Los cuatro grupos parlamentarios -PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos- consideran que "cualquier cierre conlleva pérdida de empleo. Empleo que en muchos casos va a otras comunidades o directamente a las listas del Sexpe, con la consiguiente pérdida de riqueza en nuestra Comunidad Autónoma".

El ERE que Ibercaja proyecta llevar a cabo con sus trabajadores y que en la región afectaría a unos 145 y conllevaría el cierre de hasta 32 oficinas.

En el texto de la declaración aprobada el jueves se señala que la está presente en el accionariado de Ibercaja Banco a través de la Fundación Caja Badajoz, siendo ésta la propietaria del 3,91% del Banco.

También se explica que la propuesta de cierre de oficinas es de 160 en el total del Banco, siendo 32 las que corresponden a la Territorial Extremeña (compuesta por las provincias de Cáceres, Badajoz y Salamanca).

Este dato significa que se cerraría el 25,6 por ciento del total de la red de oficinas del territorio extremeño, con lo que es el mayor ajuste de todas las territoriales de lbercaja.

El peor ajuste

Recuerda que Ibercaja cuenta con seis direcciones territoriales en su red de oficinas, Aragón, La Rioja-Guadalajara, Madrid, Castilla y León, Arco Mediterráneo y "en ninguna de ellas el reajuste es tan extremo como en Extremadura".

Además, se argumenta que desde la integración en Ibercaja, octubre de 2014, en la territorial fueron afectados, según datos de la propia empresa, 86 empleados, y que con el nuevo ERE se verán afectados 145 más.

Concluye que con esta nueva reestructuración se cerrarán 32 oficinas en Extremadura, la mayoría de ellos en pueblos pequeños y con riesgo de despoblación, lo que causará una clarísima exclusión financiera y pérdida de servicios en ellos, sin ir más lejos, nuestros mayores tendrán dificultades para cobrar sus pensiones o pagar sus recibos.

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