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EXTREMADURA

Cáceres recibe 3,6 euros por habitante para su sistema de transporte público

Le siguen Badajoz y Mérida que perciben 3,1 y 2,03 euros por habitante

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Cáceres es la ciudad de Extremadura que recibe mayor subvención pública para el mantenimiento de su sistema de transporte público, con 3,6 euros por habitante, según la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC). Le siguen Badajoz y Mérida que perciben 3,1 y 2,03 euros por habitante, respectivamente.

Este reparto, tal y como señala ATUC, "no es homogéneo y genera desigualdad entre los habitantes, ya que el principal criterio de reparto es el déficit que soporte el sistema de movilidad urbana de una ciudad", por lo que "se da la paradoja de que cuanto más dinero pierda el servicio, más subvención recibe".

A este respecto, el déficit pesa un 85% en el reparto, mientras que los otros tres criterios teóricamente más valorables como son la longitud de la red, el déficit por viajero y los criterios medio ambientales, representan sólo un 5%, respectivamente.

En este contexto, aunque las competencias sobre el transporte público estén transferidas a las comunidades autónomas, la patronal insiste en que es imprescindible la creación de una "ley paraguas" que establezca un marco regulatorio común para que "el Estado pueda garantizar a todos los españoles, vivan donde vivan, un servicio tan esencial como la salud o la educación".

"No se trata de que haya una bajada en las ciudades que reciben ahora más subvención, ya que cuanto más grande sea la ciudad, más compleja es su realidad y mayores sus necesidades, sino de que el reparto sea más equitativo", indica ATUC en su nota.

Si bien es cierto que España cuenta con uno de los sistemas de transporte público más eficaces de Europa en lo que a infraestructuras y funcionamiento se refiere, sin embargo es el único país de la Unión Europea que no cuenta con una ley de financiación del transporte público.

Actualmente, no existe una asignación clara de los recursos económicos lo que provoca que además de situaciones viciadas como la descrita, la financiación resulte difícilmente previsible y con ello la ejecución de políticas programadas. En este sentido, la ausencia de legislación provoca, según ATUC, que no haya una ordenación de los recursos y que, por tanto, no esté establecido qué parte de los costes deben soportar los usuarios, las corporaciones locales, las comunidades autónomas y el Estado.

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