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Sacyr informa este jueves a los trabajadores de Aguablanca en Monesterio tras comprar la mina

Vista aérea del complejo minero de Monesterio

José L. Aroca

El grupo español Sacyr, con negocios multinacionales en infraestructuras y servicios, se ha convertido en el dueño final de la mina de níquel Aguablanca, tras el acuerdo de su filial Valoriza Minera con los canadienses de Lundin Mining, que a su vez mediante la filial española Río Narcea controlaba esa explotación y otros activos extremeños como una exploración de hierro y cobre en Alconchel.

La noticia pese a todas las cautelas ha despertado esperanzas en Monesterio según explica su alcalde Antonio Garrote, después de muchos meses de frustración tras ver que la extracción de mineral cesaba y la mayoría de la plantilla veía extinguidos sus contratos al renunciar Río Narcea a seguir con la actividad, pese a estar en espera de un permiso del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para continuar la explotación en galerías subterráneas.

La misma prudencia, con esperanza, ha expresado este miércoles la Junta de Extremadura al hacerse público, vía trabajadores, el desembarco total de Sacyr-Valoriza Minera, ya que desde el Ejecutivo regional se explicaba que desconocían los planes de los nuevos propietarios para con la instalación de Aguablanca.

Sacyr ha contestado a eldiarioex escuetamente que es prematuro aventurar la continuidad en subterráneo de Aguablanca: “Valoriza Minería está desarrollando varios permisos de investigación y la actividad futura dependerá de los resultados. Todo está en estudio hoy”.

Las primeras noticias pueden empezar a llegar este jueves ya que Valoriza Minera ha convocado a los trabajadores que quedan en la plantilla de Monesterio, algo más de una treintena, para tener un contacto con ellos aunque Jesús Ferrero (CCOO), presidente del comité de seguimiento que sustituye al comité de empresa hasta que se ejecute totalmente el ERE extintivo, no ve claro que garanticen de momento nada ya que todo está pendiente de una declaración de impacto ambiental (DIA) positiva, para que la mina sea rentable mediante su explotación en galerías subterráneas, una vez agotada la veta a la que se llegaba a cielo abierto.

La DIA, por buen camino

Saturnino Lagar, de la federación regional de industria de CCOO, explica que la última documentación para esa DIA pedida por el Ministerio se entregó la semana pasada y el plazo definitivo que les han dado desde Madrid para resolver era un máximo de tres meses. “Nos han dicho hasta ahora que todas las conclusiones son positivas”.

Es probable que los directivos de Sacyr-Valoriza Minera se entrevisten también en las próximas horas con representantes de la Junta de Extremadura para un primer contacto, que llega oportunamente solo cuatro días antes de que su presidente Guillermo Fernández Vara se vea en Madrid con la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, competente en la emisión de la declaración/licencia ambiental para la mina de Monesterio.

Valoriza Minera-Sacyr, que ya tenía un acuerdo de asociación con Río Narcea-Lundin Mining, se ha quedado con todas las propiedades en España de los canadienses, que dejan el país atraídos por otras concesiones mineras, en diferentes países, más claramente rentables dado los precios internacionales de los metales.

Precisamente fuentes de la Junta valoran de forma positiva que ahora sea una empresa española la que adquiera la responsabilidad social para con la plantilla de trabajadores y la comarca no solo de Monesterio sino de otras zonas mineras cercanas de Andalucía (Huelva y Sevilla). “No es lo mismo, creemos, unos canadienses, que se han ido del país, que unos empresarios españoles con los que puedes hablar directamente y en otros términos”.

La fuga de Lundin Mining, a la que los sindicatos arrancaron no obstante un razonable acuerdo de indemnizaciones en Monesterio, ha dejado activos a solo algo más de una treintena, en labores de mantenimiento –que no se inunden por ejemplo las galerías- y vigilancia.

Lundin Mining-Río Narcea era titular de 24 permisos mineros de Investigación sobre un total de 1.120 kilómetros cuadrados en el suroeste español entre Extremadura y Andalucía.

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