17 familias con hipoteca o alquiler han evitado ir a la calle tras la intermediación de la Junta
La oficinas de intermediación bancaria de la Junta de Extremadura, recién creadas y cuya red se va a ampliar, están dando ya los primeros resultados después de 209 requerimientos de ayuda lanzados por otras tantas familias, de modo que 11 procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados por entidades financieras y que habrían acabado en desahucios, han sido paralizados.
El Servicio de Protección a las Familias en Riesgo de Ejecución Hipotecaria empezó a funcionar el verano pasado dentro de la empresa pública autonómica Gisvesa, y tiene como misión buscar soluciones a los particulares cuya situación económica ha cambiado y ya no pueden hacer frente al pago de la hipoteca o del alquiler, lo que daría con ellos en la calle después de la correspondiente acción judicial por parte del banco o del dueño del piso.
Se trata de sentar en una mesa a las dos partes para en primer lugar retrasar el desahucio o lanzamiento (decisión judicial final) y a la vez buscar una solución económica renegociando la deuda, y si no es posible “tenemos que buscarle una solución de vivienda a esa familia”, explica José Antonio Pajuelo, coordinador jurídico de ese servicio de protección a hipotecados e inquilinos.
Además de la negociación y el acuerdo lo más satisfactorio posible entre partes, las oficinas de intermediación bancaria (OIB) cuentan en su mano con la ley estatal 1/2013 que en casos de afectados en riesgos de vulnerabilidad social, aunque hay que cumplir unos requisitos muy exigentes, todos los lanzamientos (poner a la familia en la calle) quedaban paralizados por dos años, decisión que se ha visto prorrogada en dos años más, hasta mayo de 2017, por la Ley de Segunda Oportunidad de 2015.
En realidad, explica Pajuelo, son pocas las familias que entran en esos requisitos, así que está funcionando mejor la negociación amistosa con unas entidades financieras que han mostrado “buena disposición” entre otras cosas porque “son conscientes del desprestigio social en que caen al practicar los desahucios”.
Desde agosto para acá, en que empezaron a andar las oficinas de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, sus responsables se han reunido con los bancos para conseguir una persona de enlace a fin de resolver con fluidez estas urgencias sociales, y también con los movimientos como Plataforma de Afectados por la Hipoteca, o Campamentos Dignidad, para que les envíen los casos que conozcan.
Hasta el momento además de intermediar en la renegociación de las hipotecas, y en intentar daciones de pago (el hipotecado entrega el piso al banco y la deuda queda cancelada), las OIB han conseguido paralizar 11 procedimientos judiciales de ejecución y otros 20 están en trámite de conversaciones.
Para el alquiler
Amparan también a los inquilinos de vivienda privada en alquiler, un aspecto más difícil ya que existe la figura de otro particular, el dueño del piso. En ese caso la Ley de Enjuiciamiento Civil permite aplazar dos meses el desahucio, cosa que se ha conseguido en seis casos. Tanto en la ejecución hipotecaria parada como en el alquiler prolongado la familia puede seguir ocupando la vivienda, y en estos últimos casos de alquiler por ser la prórroga más corta “hacemos gestiones urgentes para que consigan una vivienda social”.
A los bancos que colaboren en este sistema de protección a las familias en apuros, entre el sistema de intermediación y los movimientos sociales van a crear un sello de ‘Calidad Reputacional’ con el que distinguir a las entidades financieras que acceden a estas buenas prácticas y que podrán colocar en su publicidad. “Esto además de reputación les vale como garantía para nuevos clientes que quieran hipotecarse”.
Perfil
El rasgo medio general de las familias que están acudiendo a estas OIB es que son de mediana edad, de entre 30 y 50 años y clase media, con problemas de desempleo y económicos sobrevenidos que les impiden pagar una hipoteca que ronda entre los 60.000 y 150.000 euros.
Son ya 40 las localidades en las que este servicio ha atendido a familias, 17 de ellas en la provincia de Cáceres: Plasencia, Alcantara, Torrejoncillo, Navalmoral de la Mata, Cáceres, Talayuela, Caminomorisco, Alcollarin, Malpartida de Cáceres, Hinojal, Talaván, Valdefuentes, Botija, Monroy, Torrequemada, Aldea del Cano y Pinofranqueado.
Las 23 restantes en Badajoz: Almendral, Aceuchal, Santa Amalia, Arroyo de San Serván, Villanueva del Fresno, Monesterio, Don Benito, La Nava de Santiago, Badajoz, Castuera, Guareña, Almendralejo, Montijo, Mérida, Puebla de la Calzada, Olivenza, Guadiana del Caudillo, Villafranca de los Barros, Puebla de Obando, Ruecas, Corte de Peleas, Fuente del Maestre y Azuaga.
La red se completará en el primer trimestre de 2017 con otras 24 oficinas, 12 en cada provincia
Funciona también desde finales de noviembre un servicio de atención telefónica, el 924090616.
