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EXTREMADURA

Extremadura, entre las CCAA que más tardan en pagar a proveedores ,72,3 días

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Las administraciones públicas tardaron el pasado año hasta 89 días de media en abonar sus facturas a los autónomos, casi tres veces más de los 30 días que marca la ley, y entre las comunidades autónomas más morosas se sitúa Extremadura con 72,3 días de media. Así lo recoge un informe del Centro de Estudios de Morosidad de la EAE Business School, denominado "¿Cómo pagamos hoy en día?", y elaborado entre enero y abril de 2015 sobre una muestra de 600 empresas. Este estudio también hace una comparativa con los otros países de la UE y revela que la ratio de impago de facturas vencidas en España en 2014 fue del 66 %, frente al 33 % de media registrado en Europa. Además, el plazo medio de pago de las operaciones entre empresas, también denominadas 'business to business' (B2B) el pasado año fue de 95 días, casi el doble de la media de la UE, 47 días. Respecto a las comunidades autónomas, el estudio muestra en 2014 una tardanza media de 43 días en pagar a sus proveedores, 13 días más del plazo previsto en la legislación de lucha contra la morosidad para los pagos de las administraciones públicas. Las comunidades más morosas, según este informe, son Aragón (77,5 días), Comunidad Valenciana (74,4) y Extremadura (72,3). El estudio también se refiere a las empresas del Ibex 35, que tienen un plazo medio de pago de 169 días, casi el triple de los 60 que marca la ley para el sector privado. En este sentido, las empresas del sector de la construcción e inmobiliario son las que registran el mayor retraso en la liquidación de sus facturas, ya que alcanza los 288 días; seguido por el sector de servicios y comercio con un plazo de pago de 253 días e industria, con 230. Según este informe, el 83 % de las empresas españolas evita acudir a los tribunales para reclamar deudas debido a la lentitud de la justicia, mientras que el 60 % opta por renunciar a parte de las cantidades adeudadas para así reducir la deuda adquirida. Además, el 70 % de los empresarios se ha visto obligado a aceptar acuerdos comerciales con proveedores que les obligan a cobrar a plazos superiores a los 60 días.

 

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