Las empresas tardan 112 días en cobrar de la Junta, Badajoz es la ciudad que mejor paga
La Hacienda autonómica está arruinada, a juzgar por el dato del plazo de pago medio a proveedores (PMP) a 30 de septiembre hecho público esta semana por el Gobierno central, y según el cual la Junta de Extremadura es el ejecutivo autonómico que peor paga de España con una media de 112,53 días de retraso, cuando la media nacional es de 55.
El plazo legal para cumplir con las empresas proveedoras es en España de 30 días, que se empiezan a contar a partir de que se cumplan otros 30 del registro de la factura, y hay ocho comunidades que lo cumplen, las otras nueve cometen excesos que van de los 33 días de Cantabria a los 112 de Extremadura, que sobrepasa con creces cualquier comparación ya que la siguiente más morosa sería Aragón pero con 90 días, 22 de distancia.
Además comparando el comportamiento de la Junta con otras principales administraciones públicas extremeñas, como las diputaciones provinciales y los ayuntamientos más grandes, también sale muy mal parada.
Tomando las dos diputaciones y las ciudades de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, la capital pacense regida por Francisco Fragoso queda como la más saneada y mejor pagadora, ya que lo hace a los 27 días de registrada la factura de la empresa proveedora, antes incluso del inicio para el plazo permitido legalmente de 30; a final de septiembre el Ayuntamiento de Badajoz tenía pendientes de pago 2,9 millones de euros según estos datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
A continuación quedaba bien la Diputación de Cáceres, con 26,57 días de media a partir del inicio del cómputo legal, y una deuda a esa fecha 30 de septiembre de 7,8 millones de euros.
La Diputación de Badajoz (7,6 millones pendientes de pago), liquidaba sus facturas a los 30,82 días de media, Plasencia (0,355 millones pendientes) a los 34,23, Cáceres ciudad (6,9 millones) a los 72,54 días, y la más morosa es Mérida cuyo Ayuntamiento tiene una deuda de 13,2 millones y paga a las empresas a los 112,93 días de media, aún peor que la Junta de Extremadura.
Si la media de las comunidades autónomas es de 55, 48 días, la de los ayuntamientos españoles es ligeramente menor, 49,12, aunque excluidas las 20 entidades que presentan un PMP superior a los 60 días (que son el 13 % del total), el subsector local se situaría en 19,39 días.
“Así tampoco nosotros podemos pagar”
Raquel de Prado, presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA)-Extremadura, afirma que la situación en lo que respeta a la Hacienda autonómica de la región es insostenible; “deben tener un buen problema de liquidez”, por lo que los autónomos que contratan con la Administración conviene que se hagan de antemano a la idea de que tardarán en cobrar.
La norma legal contra la morosidad “no la cumple nadie”, y esto crea a su vez, advierte Prado, una cadena social de impagos ya que en este caso el autónomo deja de cumplir económicamente con sus propios proveedores, y éstos con otros. “Así tampoco nosotros podemos pagar”.
ATA tiene su propio observatorio de impagos oficiales para presionar a las administraciones, y lleva tiempo proponiendo –“como les pasa a los autónomos cuando no cumplen sus obligaciones”- que una vez pasado el plazo legal de 30 días (60 desde que se registra la factura, realmente) sean los organismos oficiales los que abonen intereses a los proveedores.
La presidenta de ATA subraya no obstante que la situación ha mejorado en los últimos años, desde que “se cobraba a 240 días”, y existe ahora un registro oficial único de facturas con la Administración, así como planes y fondos económicos para reducir la morosidad.
El SES arrastra a la Junta
Fuentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública explican a eldiarioex que la morosidad tan alta se debe a las cuentas del Servicio de Salud (SES), que padece un plazo medio de pago a proveedores de 132 días, y que deteriora la cifra global media ya que el resto de la Junta tiene registrada una demora de solo 23 días.
Cifras que bajarán, añaden, con los 280 millones de euros concedidos la semana pasada por el Gobierno a Extremadura del Fondo de Facilidad Financiera, de los cuales 200 son para pagar la deuda acumulada en el SES a 31 de diciembre de 2014, y entre los que figuran 25 por la compra de las vacunas contra la hepatitis C.
