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EXTREMADURA

El ex alcalde y tres ex concejales de Madroñera admiten un delito y serán inhabilitados

Permitieron 40 construcciones ilegales

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El ex alcalde de Madroñera José Enrique González (IU) y tres ex concejales acusados de prevaricación al permitir la construcción de más de 40 edificaciones ilegales, han admitido los hechos ante los tribunales y serán inhabilitados para empleo y cargo público.

González deberá abonar una multa de 7.210 euros, será inhabilitado durante 12 años y medio para empleo y cargo público, mientras que los tres ex ediles, cuyas multas ascienden a 2.160 euros, serán inhabilitados durante ocho años y medio, según se desprende de la conformidad alcanzada entre sus defensas y la Fiscalía.

Por contra, el también ex alcalde de IU de esta localidad Melecio Solís y la ex edil María Isabel Costa, acusados por el mismo delito por permitir presuntamente la construcción de más de 40 edificaciones ilegales, han defendido su inocencia y, al no aceptar los hechos, se enfrentan a una pena de dos años y medio de prisión.

En el caso de Solís, que estuvo al frente del consistorio en las legislaturas 1999-2002 y 2003-2007, ha reiterado que "nunca otorgaron una licencia con un informe técnico desfavorable".

Así, ha indicado que los informes llegaban a las Juntas Locales de Gobierno y se dictaminaban por consenso una vez el concejal de obras o el secretario hacía lectura del expediente.

Advertencias de ilegalidad

La fiscal del caso ha insistido en que en dichos expedientes por los que se enjuicia al acusado el técnico "advertía que faltaban documentos como el plano de situación o informe jurídico".

El ex alcalde ha respondido que "se daba la licencia, puesto que no era desfavorable, condicionada a que se completara el expediente del cual se encargaba el equipo administrativo".

A preguntas del fiscal el acusado ha contestado que "no era su función vigilar que se había completado el expediente porque confiaba en el equipo administrativo y el secretario".

También ha negado saber que se había construido finalmente o que impidiese la inspección de las mismas.

La Fiscalía, en su escrito de acusación, señala que las edificaciones se construyeron en suelo no urbanizable y que las licencias eran dadas para naves agrícolas o de aperos, y que "lo que se construían al final eran viviendas".

Asimismo les acusa de "haber dejado de ejercer sus funciones de disciplina urbanística, mediante un comportamiento consciente y deliberadamente inactivo".

 

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