El fiscal pide seis años de cárcel para el alcalde de Casas de Reina
El PP de la provincia de Badajoz ha pedido la dimisión del alcalde socialista de Casas de Reina y presidente de la Mancomunidad de Aguas y Servicios de la Comarca de Llerena, Agustín Castelló, tras conocerse que la Fiscalía pide para él seis años de cárcel e inhabilitación.
Se le imputa un delito contra la seguridad de los trabajadores, la salud y la higiene en el trabajo y la prevención de riesgos laborales, y dos más contra la integridad moral de las personas, en relación al “acoso” a dos trabajadores sanitarios de la población, un médico y una enfermera, en 2012 y 2013, según informa el PP en un comunicado.
El portavoz del PP en la provincia, Luis Francisco Sánchez, ha criticado la actitud del alcalde, “indigna” de un representante público, pues “no solo ocasiona un riesgo para la integridad física y la salud de los trabajadores sino también de los enfermos”, lo que es “un atropello contra los vecinos de Casas de Reina”.
“Los responsables públicos estamos para resolver los problemas y no para generarlos, y un alcalde debe garantizar la prestación de los servicios en condiciones óptimas, algo que precisamente ha impedido el socialista”, ha aseverado.
Del mismo modo, Luis Francisco Sánchez ha lamentado que “en pleno siglo XXI, aún siga habiendo alcaldes socialistas caciques en Extremadura”, en relación a la “persecución pública y la campaña de desprestigio profesional” que el alcalde llevó a cabo contra estos dos trabajadores con ánimo de “amedrentarles”.
El portavoz popular ha censurado esta “auténtica persecución de un alcalde socialista a dos servidores de la sanidad pública” y ha calificado como “intolerable” que un responsable público “pueda ser acusado de hechos tan graves que atentan contra la convivencia pacífica” en su localidad.
Por ello, el PP ha pedido su dimisión pues entiende que el socialista “no puede permanecer ni un minuto más al frente de la Alcaldía” ya que “es un insulto” que esta persona siga representando a los vecinos e “impida la prestación de servicios básicos como la sanidad en unas condiciones óptimas para pacientes y trabajadores”.
