Acedo no acepta la sentencia que declara improcedente el despido de 5 trabajadores y recurrirá al Supremo
No hay acuerdo, el Ayuntamiento de Mérida no comparte la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que declara improcedente el despido de cinco trabajadores. El equipo de Gobierno de Pedro Acedo llevará el caso ante el Supremo.
El fallo del Alto tribunal afecta a cinco de los 28 trabajadores que siguieron adelante con su denuncia tras verse en la calle. Se espera que acaben allí otros tantos casos, al menos una veintena más. Pero el Consistorio adelanta la jugada e interpondrá ante el Supremo un recurso de casación para los primeros cinco casos que han sido fallados en contra del ayuntamiento.
Según ha aclarado el gobierno municipal, es necesario esperar a ver si puede presentarse el recurso y, de no ser posible, acatarán la sentencia que les obliga a aumentar el importe de las indemnizaciones para estos cinco trabajadores.
En cuanto a la solicitud de CCOO, de ser readmitidos, el PP apunta a que cuando se dicta la sentencia el tribunal da la opción “de readmitir o de indemnizar”, y el ayuntamiento ha optado por lo segundo.
“Mientras echa a gente, mete a otra por la puerta de atrás”
Para la oposición resulta “incomprensible” el hecho de que, mientras se despidió a 29 trabajadores municipales hayan entrado otros. Desde el PSOE se pone de manifiesto que tras el despido han entrado “por la puerta de atrás, otras personas afines al PP”. “Recolocando a consejeros municipales, pagando complementos a funcionarios y cubriendo nuevas plazas”.
La portavoz socialista, Estrella Gordillo, pone de manifiesto que la justificación del ahorro que esgrimió el PP “no ha sido tal”, si se tiene en cuenta que está entrando gente nueva, y por otro lado el coste de los despidos, una cuestión que puede salir muy cara al consistorio.
La sentencia del TSJEx que rechaza el PP
Una de las cuestiones que más indigna tanto a CCOO como a IU es el hecho de que el TSJEx recoja como “hechos probados” que el consistorio “ha contratado a decenas de trabajadores para los servicios sociales y del perfil profesional de los actores”.
En este sentido CCOO pone de manifiesto, por ejemplo, que tras echar a la calle a cuatro trabajadores sociales ha sido necesario contratar a otros cuatro nuevos para gestionar las solicitudes de renta básica. También se ha incorporado nuevo personal en la delegación de Deportes y en mantenimiento.
“Lo elevado de las indemnizaciones y que en la realidad laboral del Ayuntamiento de Mérida sigue haciendo falta la participación de los trabajadores y trabajadoras despedidas, es razón más que suficiente para CCOO para pedir la inmediata readmisión de todas las personas despedidas”, según advierte la organización sindical.
Unos despidos caros
El intento del gobierno municipal de Pedro Acedo de llevar a cabo un ERE en la administración local acabó finalmente con el despido colectivo de 29 trabajadores municipales.
Al declararse la improcedencia de cinco despidos en el TSJEx, el Ayuntamiento de Mérida tendrá que indemnizar a estos trabajadores con 45 días por año trabajado hasta febrero de 2012, y con 33 días por año trabajado a partir de esta fecha. Hasta ahora el consistorio impuso un despido objetivo que indemnizó con 20 días por año trabajado, con lo que obviamente el valor de las indemnizaciones declaradas por el TSJ sube notablemente.
Las estimaciones de IU Mérida apuntan a que hasta ahora el importe de los despidos asciende a 375.000 euros. El desglose del dinero sería, por un lado, 313.000 euros por indemnización de despido, más 62.000 en concepto de representación legal.
A esto añade CCOO que, sumando el número de días por año trabajado que se añadiría a los despidos favorables que dicte en el futuro el TSJEx (ya hay cinco) la cifra se dispararía hasta los 700.000 euros, más los gastos de representación legal. Todo, por supuesto, dinero público.
Otra de las cuestiones que pone de manifiesto CCOO es que la cobertura legal de este asunto. Los recursos que es están presentando no los lleva el gabinete jurídico del ayuntamiento, sino un bufé privado de abogados, cuyo gasto corre a cuenta del erario público.
“Debemos señalar, que estos despidos se suman a la improcedencia de otros despidos anteriores, como son los relativos a los conserjes de los colegios públicos, los empleados de la EMT, la anulación del ERE de la Empresa Mixta de Turismo y los agentes de desarrollo local, lo que viene demostrar la ineptitud del gobierno del PP y el desprecio que dedican a la normativa laboral”, añade el concejal de IU, Álvaro Vázquez.
