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EXTREMADURA

Acedo paga 100.000 euros en servicios jurídicos privados, aunque el Ayuntamiento de Mérida tiene 6 abogados

IU Mérida alerta de que supone una privatización de funciones propias de los empleados públicos que sólo benefician a las empresas privadas

Denuncia que buena parte del gasto se debe a procedimientos provocados por decisiones del propio equipo de gobierno, como el despido de 28 trabajadores públicos

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Pedro Acedo, alcalde de Mérida

Pedro Acedo, alcalde de Mérida

El Ayuntamiento de Mérida cuenta con seis letrados dedicados exclusivamente a la delegación de Gabinete Jurídico, al margen de las funciones de asistencia jurídica que realizan los técnicos adscritos a las diferentes delegaciones municipales en cada uno de sus ámbitos de actividad.

A pesar de ello IU Mérida denuncia que el equipo de gobierno que dirige Pedro Acedo ha contratado servicios de asistencia jurídica a la empresa Atrium Abogados por valor de 134.698 euros, entre junio de 2011 y diciembre de 2014.

Para el concejal de IU Mérida, Álvaro Vázquez, la contratación de este tipo de servicios por parte de una administración pública carece de justificación. Explica que el gobierno local justifica la utilización de este tipo de servicios debido al “elevado volumen de trabajo que tenía el Gabinete Jurídico”, “una razón que al menos provoca nuestra extrañeza dado el notable descenso que ha sufrido la actividad administrativa, en paralelo a la situación de paralización económica  que sufre nuestra ciudad en los últimos años”.  

Así denuncia que buena parte del gasto se debe a procedimientos provocados por decisiones del propio equipo de gobierno, como el despido de 28 trabajadores, que ha supuesto un desembolso de al menos unos 62.000 para las arcas municipales en concepto de la repersentación legal ejercicida por Atrium Abogados. 

Más gastos

Por otro lado, IU asegura que el importe gastado durante el gobierno del PSOE "alcanzó la cifra de 249.491,84€, es decir, un 47% más que la cifra gastada por el PP durante esta legislatura".

"Este tipo de prácticas supone una privatización ímplicita de fuciones propias de los empleados públicos que sólo benefician a las empresas privadas que son contratadas por el Ayuntamiento, sobre todo si tenemos en cuenta los resultados obtenidos al respecto", critica. 

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