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Antonio Galván, imputado por fraude electoral, no acude a declarar ante el juez por su aforamiento

Antonio Galván / Twitter @agalvanporras

Jesús Conde

Estaba llamado a declarar en calidad de investigado (antiguamente imputado) este miércoles, pero finalmente no lo ha hecho.

Antonio Galván, alcalde de Calzadilla de los Barros y número uno del PP por Badajoz al Senado ha presentado ante el juzgado un documento que acredita su condición de aforado como senador, lo que hace que su caso tenga que ser derivado a otras instancias judiciales superiores (presumiblemente ante el Supremo).

Galván era el único llamado a declarar este pasado miércoles a raíz de una denuncia interpuesta en 2011 por el PSOE local de Calzadilla de los Barros.

En ella reclamaba que se investigara a 63 personas empadronadas en cocheras, edificios propiedad del ayuntamiento, corralones e incluso casas en ruinas de Calzadilla de los Barros, donde Galván sigue siendo regidor. Junto al alcalde están como imputados Sebastián Rojas, Miguel Ángel Granero y María Luisa Galván, miembros de la corporación del PP en 2011.

Ahora, tras quedar suspendida su declaración, la acusación reclama a la jueza que siga instruyendo todo el caso, antes de enviarlo a instancias superiores. De ser así continuarían las declaraciones, los próximos previstos los días 16 y 17 con varios testigos.

Los hechos denunciados

La denuncia interpuesta años atrás por los socialistas dejaba constancia de que el equipo de gobierno del PP que encabeza Antonio Galván podría haber empadronado, de manera fraudulenta, hasta a un centenar de personas en la localidad. La localidad tiene 900 habitantes.

Según denuncian los socialistas un número importante de las personas empadronadas procedían de la vecina localidad de Fuente de Cantos, y no residían en Calzadilla pese a estar empadronados. Aseguran igualmente que otras personas empadronadas “llegaron a trabajar tiempo después para el ayuntamiento”.

Imputado cinco años más tarde

EL PSOE de Calzadilla interpuso la denuncia en 2011 en la Fiscalía, que derivó el caso hasta los juzgados de Zafra, un proceso donde la denuncia desapareció en el trámite, hasta que finalmente se retomó.

Entre otros documentos el juzgado requiere las fechas de alta y baja en el Censo Electoral de Calzadilla de los Barros de cada una de las personas relacionadas. También que la Oficina del Censo Electoral de Badajoz remita el listado de empadronados en Calzadilla que ejercieron su derecho en las elecciones tanto autonómicas com municipales, a través del voto por correo.

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