El Ayuntamiento de Mérida licitó un terreno por un valor 50 veces inferior al real y a la oposición le suena a corrupción
Todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Mérida apuntan a que podría tratarse de un caso de corrupción política. Una trama en la que se habría intentado beneficiar los intereses de un empresario particular, en la construcción de un área de servicios en la finca de propiedad municipal.
El gobierno municipal del PP quería adjudicar el terreno de la finca Royanejos a un empresario privado por un valor 50 veces inferior al que corresponde según en la legislación vigente. Finalmente el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales lo ha tumbado. Lo ha hecho por segunda vez, tras estimar de nuevo el recurso interpuesto por IU Mérida.Finalmente el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales lo ha tumbado. Lo ha hecho por segunda vez, tras estimar de nuevo el recurso interpuesto por IU Mérida.
Para el concejal de IU Álvaro Vázquez no cabe duda de que ha existido una irregularidad. “El tribunal le dijo que era nulo en 2013, pero el ayuntamiento decidió sacar de nuevo el concurso, con la misma actividad y para la misma persona. ¿Nos hemos vuelto locos o qué?”.
Fallos en la adjudicación
En su resolución el tribunal encuentra numeroso fallos en la adjudicación, el primero de ellos referente a la forma de contratación propuesta por el ayuntamiento.
Pone de manifiesto que no es posible es licitar como contrato de explotación patrimonial uno que tiene por objeto la construcción de una obra que ha de explotar el adjudicatario a su riesgo y ventura.
Es decir, se trata de una licitación que tendría que haber estado sujeta a la Ley de Contratos del Sector Público, y que el ayuntamiento volvió a licitar bajo la misma forma que hizo la primera vez. En su segundo fallo el tribunal alude precisamente a que ha vuelto a incurrirse en el mismo fallo.
Pero más llamativo le resulta el importe por el que el Gobierno municipal del PP quería adjudicar las obras. En concreto pone de manifiesto que, si la duración prevista del derecho de superficie es de 99 años, “no es en absoluto aventurado estimar” que los ingresos procedentes de la explotación de un terreno de 15 hectáreas serán superiores a la licitación municipal.
En concreto el ayuntamiento pretendía exigir un pago de 6.300 euros al año por 15 hectáreas de terreno municipal durante 99 años, aunque estaba valorado en 104.617 euros. El tribunal administrativo calcula que este importe debe ser al menos superior a los 5.186.000 euros, una cantidad 50 veces superior a la estimada por el gobierno de Pedro Acedo.
Corrupción política
Es por ello que tanto IU Mérida, que presentó el recurso ante el tribunal, como el PSOE y SIEX, coinciden en que se trata de una utilización del patrimonio municipal en beneficio de los empresarios afines al Partido Popular.
En caso de confirmarse estos hechos, los grupos de la oposición coinciden en que se trataría de un caso de corrupción política.
Todos los portavoces de la oposición han criticado muy duramente los hechos. Por parte del PSOE, Estrella Gordillo ha puesto de manifiesto que su partido ya llevó el caso a la Fiscalía, al considerar que había irregularidades, y porque había numerosos informes que no estaban en el expediente.
Por parte de SIEX, Antonio Vélez pode de manifiesto que se trata de un asunto que huele a “podrido” y exige la inmediata dimisión del alcalde, Pedro Acedo. Así coincide en que había una clara y premeditada intención de favorecer los intereses privados de un empresario.
Lo mismo piensa el grupo que llevó el caso ante el tribunal, Álvaro Vázquez, de IU, señala que la resolución del pone en evidencia la pretensión del PP de gobernar al “más puro estilo bananero”, sin distinguir entre el patrimonio público y el privado.
