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EXTREMADURA

Convocatoria de ayudas urgentes al alquiler para evitar que las familias desahuciadas se vayan a la calle

La nueva medida de la Junta ofrece una solución temporal a los hogares que permanecen a la espera de una vivienda social

Dará cobertura de inmediato a una veintena de familias en la región, con una partida de 120.000 euros

El crédito es ampliable, para llegar a todas aquellas personas que lo necesiten

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Lourdes Castro, antes del juicio, acompañada por integrantes de Stop Desahucios Córdoba.

El objetivo de las nuevas ayudas de la Junta es evitar que se vayan a la calle aquellas familias sin recursos afectadas por un desahucio, mientras permanecen a la espera de que les asignen una vivienda social.

Con este fin el Consejo de Gobierno dio luz verde este martes al programa de ayudas urgentes del alquiler para aquellas familias afectadas por ejecuciones hipotecarias por valor de 120.000 euros. Se trata de una convocatoria urgente, para los años 2017 y 2018, que estará abierta de manera permanente. Espera dar cobertura de inmediato a una veintena de familias en la región, aunque el crédito es ampliable, para llegar a todos los hogares que lo necesiten.

El procedimiento será una subvención de concesión directa, en convocatoria abierta, de modo que las familias que se encuentran en esta situación vulnerable podrán acogerse a ella en cualquier momento del año.

¿Por qué 20 familias?

Las estimaciones de la Junta indican que en la actualidad en Extremadura hay 20 familias que se encuentran en esta situación, en atención a la información de las oficinas de intermediación hipotecaria. También a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística y el Consejo General del Poder Judicial.

La portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, explicó que en caso de que aumenten los casos a lo largo del año el crédito también lo hará, de modo que la cobertura está garantizada.

¿Qué se subvenciona? 

Las ayudas serán del 100% del alquiler para las familias de más de tres miembros, y del 60% para las familias de 1 o 2 miembros, teniendo en cuenta los ingresos de las unidades familiares en relación con el IPREM  (asciende a 532,51 euros en la actualidad).

La portavoz del Ejecutivo extremeño destacó que con esta medida avanzan para garantizar el derecho al acceso a la vivienda de todos los extremeños. En el mismo sentido el pasado mes de agosto el Ejecutivo regional puso en marcha la red de oficinas de intermediación bancaria a lo largo de toda la región.

Su objetivo es buscar soluciones a personas que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca o el alquiler, y que se enfrentan a medidas judiciales por parte del banco o del propietario.

La idea es renegociar con las familias y el banco para buscar una solución, y crear al mismo tiempo una bolsa pública de alquiler de viviendas propiedad de bancos o particulares. El Ejecutivo encargó a la empresa pública GISVESA la realización del servicio de intermediación por un importe total de 425.464 euros. 

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