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EXTREMADURA

Extremadura avanza en la ley antidesahucios convencida de su constitucionalidad

Empieza el trámite parlamentario de la ley extremeña que expropiará viviendas vacías a los bancos

"No podemos seguir permitiendo el drama que suponen los desahucios para aquella gente que no puede pagar”, traslada el consejero José María Vergeles 

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Concentración de Stop Desahucios en los Juzgados de Córdoba antes de presentar los escritos solicitando que los jueces paralicen las ejecuciones hipotecarias.

El texto andaluz se ha encontrado con recursos de inconstitucionalidad a la hora de poder expropiar viviendas vacías propiedad de los bancos. La Junta de Extremadura espera que la futura norma regional supere las trabas del Gobierno central y las entidades bancarias porque el texto ‘matizará’ los puntos motivo de recurso. También porque se han seguido las recomendaciones del Consejo de Estado.

El Consejo de Gobierno de Extremadura ha dado luz verde al proyecto de ley de emergencia social de la vivienda, que tiene como propósito que no haya casas sin gente y gente sin casas. La Ley da cobertura legal a la intermediación del Gobierno extremeño con las entidades financieras en los casos de familias que no puedan hacer frente al pago de hipotecas.

Contempla expropiaciones temporales del uso de viviendas objeto de ejecuciones hipotecarias con el fin de evitar los desahucios. Nace también para paralizar, "de una vez por todas y con cobertura legal", los desahucios de viviendas de promoción pública que obedezcan al impago de la renta de alquiler, según destacó el consejero de Política Social, José María Vergeles.

Se trata de una norma con la que se atribuye a la Junta de Extremadura el derecho de tanteo sobre las viviendas enajenadas como consecuencia de desahucios que se destinarán a programas de alquiler social, según detalla el Ejecutivo. También prevé sancionar a las personas jurídicas, entidades financieras principalmente, con viviendas vacías “para dar así cobertura al lema social de que no haya viviendas sin gente y gente sin viviendas”.

El consejero José María Vergeles, en rueda de prensa junto a la portavoz de la Junta Isabel Gil Rosiña / Junta

El consejero José María Vergeles, en rueda de prensa junto a la portavoz de la Junta Isabel Gil Rosiña / Junta

Comienza el trámite parlamentario

La futura ley "ha pasado por todos los trámites que tenía que pasar" y llega ahora al trámite en la Asamblea de Extremadura, donde la Junta hablará con los grupos parlamentarios para que puedan presentar las alegaciones que crean convenientes al texto de la misma.

El consejero Vergeles apunta que el objetivo es que esta norma no tenga que ser aplicada, para lo que han mantenido contactos continuos con las entidades bancarias. 

“He de decir en este momento que las relaciones con  las entidades financieras que operan en la comunidad autónoma son buenas.  Estamos llegando también a acuerdos con  la Sareb que espero que cristalicen en breve plazo con la firma de un convenio para destinar viviendas vacías al programa de alquiler social".

Según destacó el  proyecto de ley de emergencia social de la vivienda es una herramienta legal para "forzar en determinadas circunstancias en las que veamos imposible llegar a acuerdos". "No podemos seguir permitiendo el drama que suponen los desahucios para aquella gente que no puede pagar”.

Las recomendaciones del Consejo de Estado

Extremadura confía en que la norma no sea recurrida por varios motivos, el primero de ellos porque se han seguido las recomendaciones del Consejo de Estado. Un órgano que según el consejero Vergeles trasladó que Extremadura es competente a partir de agotarse todos los mecanismos que ponen a disposición de la ciudadanía el código de buenas prácticas. “Esta ley es supletoria de ese código de buenas prácticas”, según el consejero de Política Social.

“Otra de las recomendaciones del Consejo de Estado es que no se podía vincular la intermediación bancaria con los resultados, cuestión que también hemos recogido en el proyecto de ley”. Incide el consejero en que el derecho de tanteo que se hace tendría que tener un plazo de alegaciones por parte de las entidades de 10 días, “que también lo hemos recogido”.

“Y aprendiendo de la experiencia andaluza, que tiene una ley de similares características, no lo recogemos en una figura de decreto ley, que era lo que se le criticaba a la comunidad autónoma de Andalucía, sino en un texto de ley, que es lo que recomienda el Consejo de Estado”.

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