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EXTREMADURA

Un negocio de 30 millones de euros que se fue a Valencia: ITV privadas en Extremadura

La concesión de 10 estaciones de inspección es por 25 años, prorrogables a 50

El PSOE cree que se trata de un “pelotazo” que acabará en privatización total, o en ruina

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Víctor del Moral

Víctor del Moral, en el centro con gafas, inaugurando este lunes un acceso al polígono de Almendralejo donde está la ITV privatizada. / Gobex

La privatización de la mitad de la red de ITV de la región es un negocio a largo plazo, hasta 50 años, que moverá inicialmente más de 30 millones de euros, y que al ser licitado por dos grandes bloques, quedó fuera del alcance de empresas extremeñas y acabó yéndose a Valencia, con participación de algún dirigente alicantino del PP, como José Vegara Durá, dirigente en Orihuela (Alicante).

A partir del verano de 2013 la Junta de Extremadura empezó a poner en marcha un plan de ampliación de la red de estaciones de inspección para acercarlas a más ciudadanos, y bajo el argumento de que no podía hacer frente a las inversiones, optó por la concesión administrativa a empresas privadas, de manera que éstas se harían cargo de la gestión de dos ITV recién construidas, Almendralejo y Olivenza, y de la construcción y explotación de otras ocho más.

La licitación salió en dos lotes, se presentaron 14 empresas, y salió como adjudicataria de las dos Itevebasa (Inspección Técnica de Vehículos Vega Baja), de Redován, Alicante, una próspera sociedad que tras haber empezado con una instalación en esa localidad había conseguido años después extender una red de ITV en concesión de la Generalitat Valenciana.

El contrato consiste en que Itevebasa gestionará durante 25 años las ITV propiedad de la Consejería de Fomento en Almendralejo y Olivenza, y se obliga a construir, para terminarlas en los primeros meses de este 2015, otras ocho en Valencia de Alcántara, Jaraíz de la Vera, Logrosán, Herrera del Duque, Don Benito, Castuera, Jerez de los Caballeros y Azuaga, además de crear varias unidades móviles, que quedarán asimismo bajo su gestión durante otros 25 años y en ambos casos prorrogables por períodos de 5 hasta los 50.

La empresa recauda las tasas en esas 10 ITV fijas más las móviles, permitiéndosele poner un sobreprecio que no exceda del 20% sobre las que cobra la Junta en sus propias estaciones públicas.

30 millones de recaudación

A cambio de recaudar esas tasas, y de gastar según la Junta 15 millones de euros en la construcción de las nuevas estaciones, Itevebasa se ha comprometido a pagar un canon fijo por cada estación (20.000 euros) que suma 4 millones de euros en el total de 25 años, y a pagar a la Junta el 5% de la recaudación por tasas, lo que se estima en 1,5 millones más; este último dato revela que la recaudación que la empresa espera tener por tasas en estos cinco próximos lustros sería de 30 millones de euros.

La raíz de la cuestión es si Extremadura necesitaba duplicar su red hasta las 20 estaciones, y en caso afirmativo si la vía adecuada era la privatización. Francisco Macías, diputado regional del PSOE que lleva este asunto, explica que su partido no se opone a la ampliación de la red si fuera necesario, pero debería ser con estaciones públicas, y en su opinión no existe demanda para abrir ocho fijas más como va a suceder.

Bien es cierto que la Comunidad no está ni mucho menos atrasada en número de vehículos, sino todo lo contrario: ocupa la cuarta posición en el ránking nacional con 691 por cada 1.000 habitantes ya que hay registrados 760.903, y de ellos 544.329 son turismos, uno por cada dos habitantes.

Macías está convencido de que este modelo de inspección de vehículos mixto, mitad público, mitad privado, no ha funcionado bien en ninguna comunidad y todos los ejemplos de privatización responderían a un modelo similar: todo va bien al principio, luego las empresas privadas empiezan a decir que no les salen las cuentas, fuerzan a subir las tasas con el perjuicio al ciudadano (y hay margen porque Extremadura es la segunda con los precios más bajos), y al final obligan a la Administración a privatizar el resto de la red para que las públicas no les hagan competencia a las particulares.

Eso, o la ruina de la adjudicataria, con lo que al final la Administración se vería obligada, por servicio público, a ‘socializar las pérdidas’. “Es el recorrido habitual de ese tipo de pelotazo”, advierte el diputado del PSOE.

El consejero Víctor del Moral defiende por el contrario los beneficios sociales de este plan, y desde luego en todas las localidades con nueva estación, estén gobernadas por PP o PSOE, la noticia fue recibida desde el principio con alegría de campanas por el empleo y la riqueza que puedan crear.

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