La Junta espera completar en abril el pago de ayudas al transporte escolar para las empresas
La Consejería de Educación espera tener concluido en abril el pago de la totalidad de ayudas a las empresas de transporte escolar por los costes de servicio entre septiembre y diciembre de 2016. Ha achacado el retraso a que algunas no han presentado la documentación requerida para su abono.
El secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, en la Comisión de Educación de la Asamblea de Extremadura, ha rechazado las críticas de la portavoz del PP Pilar Pérez que lo ha atribuido al “caos en la gestión” de esta consejería.
Según Rodríguez de la Cruz, la Consejería ha abonado al día de hoy ya 219.157 euros de la primera anualidad (2016) y restaría un 60 por ciento todavía, que espera se pueda abonar en abril “una vez que las empresas hayan subsanadado” las deficiencias que se les han trasladado y la Comisión de Valoración de el visto bueno a los expedientes.
Ha explicado que el procedimiento establece que la Consejería abona las ayudas a los centros educativos y estos, previa justificación de las empresas, realizan los pagos una vez prestados y justificado el servicio, habitualmente antes del 31 de diciembre.
Críticas del PP
La portavoz del PP ha acusado a la Consejería de Educación de “poner en peligro” la Ley de Educación y la viabilidad de las pequeñas empresas de transporte escolar con su gestión, además de que “se les olvida” la particularidad rural que tiene Extremadura “a la que dan la puntilla” con sus decisiones.
Pilar Pérez ha señalado que en el primer año de gestión socialista (2015-2016) “se les olvidó” poner en marcha los costes de servicio de los transportistas, lo que ha hecho que estuviesen todo ese curso sin cobrar, ya que le han pagado en octubre, “y ahora llevamos siete meses del curso 2016-2017 y esos transportistas sin cobrar”.
Sin embargo, Rodríguez de la Cruz ha lamentado que “ahora el PP” se preocupe de los transportistas “después de la cruzada contra ellos” que llevaron a cabo durante su etapa de gobierno y que motivó que recurrieran judicialmente la convocatoria de las rutas escolares, que finalmente fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia.
