La Junta estudia la creación de un banco de tierras en zonas regables
El Consejo de Gobierno ha autorizado a la empresa Tragsatec un estudio sobre la situación de los regadíos en Extremadura y la posibilidad de constituir un banco de tierras para iniciativas empresariales agrarias en las zonas regables.
El presupuesto de estos trabajos es de 265.317,52 euros, cofinanciado en un 75 por ciento por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). El objetivo es tener una visión más amplia sobre la realidad y la situación de los regadíos y la información que aporte permitirá seguir planificando la política de regadíos de la Junta de Extremadura.
Los trabajos consistirán en un inventario de las tierras de regadío, consolidando así la información sobre zonas regables, la determinación de la zona regada y el desarrollo de un banco de tierras para fomentar las iniciativas empresariales.
El estudio está dirigido principalmente a los agricultores de las tierras de regadío de la región (en total 24 zonas regables y 6 regadíos privados“).
Ayudas al transporte
Los vecinos de núcleos de población con menos de 500 habitantes y los desempleados con 45 años cumplidos sin derecho a prestaciones son dos nuevos colectivos que se incorporarán como beneficiarios de la tarjeta de transporte subvencionado (tarjeta SATE), según el nuevo decreto que ha aprobado este martes el Consejo de Gobierno.
Los titulares de esta tarjeta pueden acceder a una subvención en los desplazamientos en transporte público regular por carretera que tengan su origen en Extremadura y su destino esté situado dentro del territorio nacional peninsular.
Las novedades más significativas que incorpora el nuevo decreto respecto de la regulación anterior (del año 2012) son la incorporación como beneficiarios de los dos nuevos colectivos indicados, así como el hecho de que se eleva la cuantía de la ayuda al 100 % del gasto subvencionable para las víctimas de violencia de género.
Por otra parte, y con el objetivo de eliminar cargas para el administrado y de simplificar los procedimientos, se desvincula la validez de la tarjeta de transporte subvencionado de la aportación periódica por el usuario del documento representativo de la vigencia de las condiciones y requisitos determinantes del reconocimiento del derecho, propiciando la comprobación de oficio de los mismos.
Como beneficiarios de estas ayudas, que consisten en la bonificación del precio del billete o título de transporte que los usuarios adquieran, se mantienen (como en el decreto anterior) las personas mayores de 60 años, las que perciban pensiones contributivas de incapacidad permanente o invalidez, personas beneficiarias de pensiones no contributivas de invalidez, o bien de pensiones de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio.
También se incluyen como perceptores de estas subvenciones las personas beneficiarias de subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos y por Ayuda de Tercera Persona reconocidos por la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, así como de ayudas del Fondo Nacional de Asistencia Social.
Igualmente podrán solicitar estas ayudas personas causantes de la prestación familiar por hijo discapacitado a cargo, los titulares del Carné Joven Europeo, las personas víctimas de violencia de género y las que sean miembros de una familia reconocida oficialmente como numerosa.
La cuantía individualizada de la subvención será del 50 % del gasto subvencionable contraído por las personas beneficiarias, excepto en el caso, ya señalado, de las personas beneficiarias por ser víctimas de violencia de género, en cuyo caso la ayuda será del 100%.
Como dato destacable, a fecha de 31 de diciembre de 2016 se habían contabilizado un total de 87.300 tarjetas válidas, estimando que la cifra total de se elevará a 139.325, ya que se incorporarán con los nuevos requisitos 45.411 habitantes de poblaciones con menos de 500 vecinos y 16.614 desempleados mayores de 45 años sin ingresos.
