La Ley de Prevención de Incendios será modificada para acceder a montes privados
El Consejo de Gobierno ha realizado un pronunciamiento para la modificación de la Ley de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en Extremadura para poder acceder a montes privados mediante una declaración de interés general, con carácter gratuito, en las zonas de alto riesgo de incendio.
La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, ha explicado que en esas zonas de alto riesgo se realizarán planes de prevención y de defensa urgente en caso que se determinasen como interés general. Se trata de una medida que no se había hecho nunca, ya que hasta ahora la Administración tenía que entrar en montes privados a través de ejecución subsidiaria, en muchos casos con autorización judicial.
Para el Gobierno regional la frecuencia y virulencia de los recientes incendios forestales acaecidos en Extremadura y la importancia de los valores amenazados evidencian la necesidad de una constante supervisión de los Planes de Defensa en las Zonas de Alto Riesgo de Incendio.
García Bernal ha recordado el incendio de Sierra de Gata, que comenzó en los Baldíos de Acebo en un monte privado que no tenía ningún sistema de prevención y al que no pudieron llegar los medios de extinción de Extremadura. “Frente a aquellos que dicen que no hacemos nada en este asunto, las cosas se hacen con modificaciones de leyes para entrar en monte privado”.
A preguntas de los medios sobre si esta medida no afectará al derecho a la propiedad privada, la consejera ha manifestado la modificación que llevarán a cabo está contemplada en la Ley de Montes a nivel nacional, aunque es evidente que hay que declarar como interés general el lugar donde se acometan las acciones.
“Está todo estudiado jurídicamente y avalado por el Consejo Asesor de Medio Ambiente, donde están representadas la Administración, así como las asociaciones agrarias con representación y las asociaciones ecologistas”. A su juicio se trata de una propuesta muy meditada, que además fue trabajada y anunciada en la Comisión de los Incendios de Sierra de Gata. La Junta autoriza la convocatoria de ayudas de la PAC por más de 559 millones.
Ayudas a la Política Agraria Común
El Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de las ayudas del régimen de pago básico, así como de otros pagos directos a la agricultura en el marco de la PAC y de los pagos derivados de la aplicación del Programa de Desarrollo Rural (PDR), en la campaña 2017/2018, por un importe de 559.793.873 euros.
La portavoz del Ejecutivo regional, Isabel Gil Rosiña, acompañada de la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio han destacado que estas medidas suponen una modernización y mejora en la financiación del sector agrario. En concreto, más de 522 millones de euros del montante total están destinados para las ayudas al pago básico y asociado, mientras que 73.042 euros son para la ayuda nacional de los frutos de cascara.
Respecto a las ayudas agroambientales, el Gobierno extremeño ha destinado 21.525.000 de euros con cargo al Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014/2020, de los que 16,6 millones son para la producción integrada. El resto están dedicados para la nueva incorporación a la agricultura ecológica (1.405.000 euros) y el mantenimiento de los compromisos de la agricultura ecológica (3.400.000 euros).
La Junta ha aprobado también las indemnizaciones compensatorias para las zonas de montaña o con limitaciones por un valor de 16 millones de euros.
El objetivo de la orden de convocatoria es regular la forma y el modo de presentación de la Solicitud Única. Esta nueva normativa introduce numerosas novedades sobre la anterior campaña, con las que se pretende profundizar en la aplicación los principios de “celeridad y de transparencia”. Por una parte, se trata de extender las relaciones interadministrativas y con los ciudadanos por medios telemáticos, adoptando medidas de buena administración, lo que implica “simplificar trámites que permitan suprimir trabas, cargas y fases redundantes e innecesarias”. La orden elimina la obligación para las personas solicitantes de aportar documentación en ayudas agroambientales y para zonas con limitaciones naturales, añadiendo la reducción de la documentación para el resto de declaraciones y ayudas.
También se unifican las solicitudes para la calificación de explotación agraria prioritaria y para la comprobación de la condición de agricultor a título principal, fusionándose varios formularios. Se introducen novedades en la realización de declaraciones gráficas posibilitando, por otra parte, que las ayudas a pagos compensatorios a zonas con limitaciones se soliciten como una ayuda más.
Por otro lado, el plan de explotación agroambiental necesario para solicitar ayudas agroambientales se realizará poniendo a disposición de las personas interesadas un modelo normalizado de Plan de Explotación. Además, se abordan soluciones para situaciones tan concretas como el bloqueo de parcelas y se regula el procedimiento de declaración al Registro General de la Producción Agrícola y al Registro de Agricultura Ecológica, haciendo coincidir este periodo con el de presentación de la Solicitud Única.
Se avanza así hacia el objetivo del logro de la uniformidad en la incorporación de datos en todos los registros dependientes de la Consejería e incrementando así la eficiencia en la gestión y en la resolución de procedimientos.
Producción agroindustrial
Por otro lado el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se establecen las bases reguladoras y normas de aplicación del régimen de ayudas a las inversiones en activos físicos vinculados a la producción agroindustrial para explotaciones de la Comunidad.
Estas ayudas se consideran necesarias en el contexto socioeconómico actual para incentivar la realización de inversiones en explotaciones, vinculadas a la transformación agroindustrial de su producción, como herramienta básica para incorporar valor añadido a los productos obtenidos, generar riqueza y facilitar la creación de puestos de trabajo directos en la explotación.
En definitiva, se persigue lograr la sostenibilidad de las explotaciones, la permanencia de la actividad agraria, generando o manteniendo puestos de trabajo, y por tanto, mantener la población en el medio rural y preservar el medio ambiente.
Podrán acceder a este régimen de ayudas los agricultores activos, titulares de explotaciones agrarias cuya dimensión supere las 20 unidades de trabajo agrario (U.T.A) y además contraten, como mínimo, un equivalente a 10 trabajadores a jornada completa en la actividad agraria anualmente.
Son subvencionables las inversiones destinadas a la construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles, así como el coste de honorarios técnicos derivados de la elaboración de proyectos vinculados a las inversiones subvencionadas, la implantación de cultivos perennes, compatibles con la normativa comunitaria sobre organizaciones comunes de mercado, y las actuaciones destinadas a la recolección, clasificación, acondicionamiento, fabricación, transformación y comercialización de productos agrarios de la propia explotación.
Las ayudas tendrán la forma de subvención de capital. El volumen máximo de inversión auxiliable será de 2.000.000 euros y la cuantía de la ayuda será del 25 % de la inversión.
