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EXTREMADURA

La Junta negociará con empresas de luz, agua y gas para que no corten el suministro

La Administración se compromete a estudiar y paralizar los desahucios de sus viviendas sociales

La PAH pide acuerdos con las entidades financieras para que concedan alquileres sociales como alternativa a los desahucios de casas privadas

Campamento Dignidad reclama una revisión de los requisitos para solicitar la Renta Básica

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Dirigentes políticos escuchan las propuestas de la Corrala de Mérida.

Tanto la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH) como Campamento Dignidad salieron con “buenas vibraciones” de la reunión mantenida el pasado lunes con el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, y otros colectivos defensores de los derechos sociales. El motivo de este encuentro no era otro que analizar de manera conjunta el decreto ley de Emergencia Social pendiente de aprobación por el Consejo de Gobierno.

Según cuenta Rodolfo Corella, miembro del Campamento Dignidad, la Junta de Extremadura “se ha puesto las pilas en materia de mínimos vitales” y aboga por la negociación con empresas energéticas y de agua, más la paralización de desahucios en viviendas sociales.

“Han creado un mecanismo que garantizará unos mínimos vitales de luz, agua y gas este invierno”, explica Corella. Un acuerdo que irá más allá con la iniciativa de negociar unas “tarifas sociales” para aquellas personas con unas condiciones económicas desfavorables, según comenta María Ángeles Merino, de la PAH. Unas medidas que tratarán de terminar con los cortes de suministro eléctrico y agua que hasta el pasado invierno “se seguían produciendo”.

En cuanto a vivienda social, Corella afirma que la Junta “ha pasado de ser la mayor institución desahuciadora a ponerse en contra de la ejecución de desahucios”. El de Campamento Dignidad asegura que el Ejecutivo regional ha pedido la colaboración de los movimientos sociales para “poder ser conscientes” de las situaciones de cada uno de los expedientes abiertos.

“A medida que nos vaya llegando documentación del juzgado, nos han pedido que la llevemos a la Consejería de Políticas Sociales para que sea la propia Junta quien estudie el porqué se abre”, explica Merino. Este paso haría que el desahucio de esa vivienda social se paralice de forma automática.

Alquiler social para viviendas privadas

Aprovechando la disposición de escucha y diálogo que muestra la Junta, los colectivos sociales plantearán propuestas y medidas que puedan incluirse en la redacción de la Ley de Emergencia Social.

Entre ellos, y desde la PAH, se proponen negociaciones con las entidades financieras para que no ejecuten desahucios hipotecarios en viviendas de carácter privado a cambio de un alquiler social. Según explica Merino, con esto se disminuiría la lista de solicitantes de una vivienda de promoción pública.

Desahucio de una familia en Lomo Magullo. (ÁNGEL SARMIENTO)

Según la PAH, en Extremadura existen 1.800 expediente de desahucios de viviendas sociales.

También desde la PAH pedirán una auditoría de deudas para ampliar las moratorias en las rentas sociales. “Hay gente que arrastra deudas con la Junta a las que aún no pueden hacer frente y esta deuda cada vez es mayor. Es la pescadilla que se muerde la cola”, apostilla Merino.

Respecto a las viviendas sociales, la PAH incide en que hay más de 1.800 expedientes abiertos de desahucio en Extremadura y que en tan solo los tres primeros meses de 2015 se llevaron a cabo 320. “Es una situación alarmante”, define, por lo que exigen a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocida como ‘banco malo’, que ceda sus viviendas sin imponer un alquiler. “Son viviendas públicas, sería un disparate volver a pagar algo que ya hemos pagado".

Modificaciones en la Ley de Renta Básica

Por su parte Campamento Dignidad centrará sus peticiones en la regulación de la renta básica. Corella asegura que presentarán un documento con medidas “que nosotros consideramos que debe recoger este decreto”.

Así, el colectivo exigirá al Ejecutivo regional que fije una fecha fija para el cobro de la renta que actualmente se está produciendo de forma aleatoria y “cuando a la Junta le viene bien”, según Corella.

En esa misma línea, Campamento Dignidad luchará por modificar los requisitos que debe reunir el solicitante, como la situación laboral. “Hay personas que tienen un contrato de más de seis meses pero que sólo trabajan dos horas diarias, y así no puede ganar para vivir”, defiende el portavoz.

Corella insiste en que defenderán esta reforma para que se incluya en el decreto ley de Emergencia Social y si no fuese posible “la pelearemos en la redacción de la Ley de la Renta Básica”.

Urgencia en el trámite

El representante de Campamento Dignidad explica que este decreto está pendiente de unos informes técnicos y que una vez que se completen, “según el compromiso del consejero”, se informará a los agentes sociales, grupos políticos y organizaciones pro-sociales.

Ante la urgencia de su entrada en vigor, Vergeles ha pedido a estos colectivos sociales que les hagan llegar sus propuestas “cuanto antes”, según cuenta la portavoz de PAH.

Tanto Campamento Dignidad como PAH confían en la celeridad del proceso augurando que pueda estar vigente para principios de noviembre. “Sería lo suyo”, reclama Merino.

Vergeles, a la espera del Consejo Asesor de Vivienda

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, presentó el pasado lunes al Consejo Asesor de Vivienda un documento de trabajo que será el que configure la futura Ley de Emergencia Social de la Vivienda y espera recibir en un plazo de 15 días las aportaciones de los miembros del citado órgano.

La comisión, formada por los agentes sociales vinculados con el sector y los grupos políticos con representación en la Asamblea de Exremadura, se reunió con el consejero y la secretaria general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, María Isabel Moreno Duque, para avanzar en una ley que forma parte de la norma contra la Exclusión Social que prepara el Ejecutivo regional y que incidirá en que “los desahucios por no poder pagar una vivienda sean cero en Extremadura”, según apuntaba Vergeles en un comunicado.

El consejero, que confía en recibir “lo mejor de este consejo para dar respuesta a las necesidades de la población”, asegura que la política de vivienda de la Junta tiene esa vertiente social pero que también va a desarrollar una política de reactivación económica del sector.

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