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EXTREMADURA

El alcalde de Mérida quería adjudicar terreno municipal a un particular con un valor 50 veces menor del precio real

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha estimado favorablemente el recurso interpuesto por IU-Mérida contra la concesión de los terrenos

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Pedro Acedo, alcalde de Mérida

Pedro Acedo, alcalde de Mérida

Han tumbado las intenciones del Gobierno municipal por segunda vez. El Ayuntamiento de Mérida quería adjudicar un terreno municipal a un empresario privado por un valor 50 veces inferior al que corresponde según en la legislación vigente.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha estimado favorablemente el recurso interpuesto por IU-Mérida contra la concesión de terrenos municipales en la finca de Royanejos para la instalación de un área de servicio y estacionamiento de vehículos.

Concesión del terreno durante 99 años

Las cantidades que el gobierno local pretendía exigir al empresario no superaban el pago de 6.300 euros al año por la concesión de 15 hectáreas de terreno municipal durante 99 años, que el Ayuntamiento valoraba en unos 104.617 euros.

Mientras que el tribunal administrativo calcula que este importe debe ser al menos superior a los 5.186.000 euros, una cantidad 50 veces superior a la estimada por el gobierno de Pedro Acedo. “Un hecho que adquiere su relevancia si tenemos en cuenta que el dinero a abonar por el empresario se deduce por un porcentaje del valor estimado del contrato”.

Izquierda Unida no tiene duda de que se trata de una utilización del patrimonio municipal en beneficio de los empresarios afines al Partido Popular.

Es por ello que exige al ayuntamiento que explique los motivos que les han empujado a licitar la concesión de un terreno por parte de un empresario privado, “en las mismas condiciones que hace apenas un año fueron declaradas ilegales por el mismo TACRC”.

Diferencias en el contrato

La versión por la que podría entenderse diferencias en la apreciación del valor del contrato podría tener su causa en la utilización de criterios de interpretación jurídica diferentes “se cae por su propio peso”, según IU.

Así explica que el propio tribunal ya se pronunció en los mismos términos en los que lo ha hecho en esta ocasión, señalando el carácter “ilegal” de las pretensiones del gobierno municipal, por lo que “sólo cabe señalar que el Ayuntamiento ha actuado de forma consciente y reiterada”. “El único fin de beneficiar a un empresario incluido en el círculo del PP, y todo ello al margen de la legalidad y a costa del patrimonio público”.

Para IU-Mérida la resolución del TACRC pone en evidencia la pretensión del PP de gobernar al “más puro estilo bananero”, sin distinguir entre el patrimonio público y el privado.

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