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EXTREMADURA

Podemos y PSOE hacen política social juntos y aprueban medidas urgentes contra la exclusión

La izquierda llega al acuerdo de aumentar la dotación económica en dos años hasta los 101 millones de euros

PP y Ciudadanos se han abstenido en la votación de la Asamblea de Extremadura, creen que algún aspecto es inconstitucional

La renta básica se resuelve en el plazo de tres meses, con silencio positivo, y el gas entra en la pobreza energética

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Blanca Martin Valentin García Alvaro Jaén Victoria Dominguez

La presidenta de la Asamblea Blanca Martin (izquierda) con Valentin García (PSOE), Álvaro Jaén de espaldas (Podemos) y Victoria Dominguez (C's)

Después de varios meses de negociación PSOE y Podemos han alcanzado un acuerdo sobre las medidas extraordinarias contra la exclusión social, que en forma de ley han quedado aprobadas este jueves para la renta básica, tarjeta sanitaria para inmigrantes, ayudas contra pobreza energética y por necesidades sobrevenidas, y acceso más justo a las viviendas sociales.

La Ley de Medidas Extraordinarias ha sido aprobada en la Asamblea de Extremadura por 36 votos a favor (PSOE-Siex más Podemos) y 29 abstenciones (PP más Ciudadanos), después de un debate en el que se han aprobado más de 40 enmiendas, la mayoría de Podemos y las más importantes modificadas por contrapropuestas del PSOE.

Entre las transacciones alcanzadas figura el compromiso del Gobierno de Fernández Vara de elevar, de forma progresiva durante dos años hasta hacerlo efectivo en 2018, el dinero para estas medidas sociales de manera que al final habrá 86 millones euros para pagar rentas básicas, 12 para pagar luz, agua y gas (no estaba contemplado esto último pero se ha incorporado) y evitar pobreza energética, y tres millones para gastos imprevistos y necesarios.

Tanto el diputado portavoz de Podemos, Daniel Hierro, como la de PSOE, Estrella Gordillo, han celebrado poder haber llegado a acuerdos útiles para las personas, tras un camino largo de desacuerdos y negociaciones en el que al final se ha impuesto la política en su sentido más noble.

“Nuestra propuesta inicial era muchos más ambiciosa pero estamos contentos porque hemos logrado cosas muy importantes”, ha explicado Daniel Hierro.

También se han aprobado tres enmiendas del PP con apoyo de Podemos.

La renta básica sigue configurada como un derecho social, que a partir de ahora tiene que ser resuelta la solicitud en tres meses (el proyecto inicial hablaba de seis) y si no es así se considera concedida por silencio administrativo positivo; también se dan facilidades para que pase de unos miembros de la familia a otros, y será inembargable por deudas como así se hará constar ahora en las transferencias de pago.

La tarjeta sanitaria para inmigrantes

El mayor reparo puesto por el Partido Popular a la ley, que ha visto rechazadas la mayoría de sus enmiendas, es la concesión de una tarjeta sanitaria especial por parte de Extremadura –no válida por tanto en otras comunidades- a los inmigrantes, que les garantiza atención médica y medicamentos en farmacia con un copago del 40%, el mismo que tienen los trabajadores en activo.

El PP cree que la medida es inconstitucional porque invade competencias del Estado.

Fuentes socialistas confían en que este aspecto no sea recurrido al Tribunal Constitucional por el próximo Gobierno central del PP, dada su “precariedad política y parlamentaria”, y porque “todas las comunidades del PP comparten que la asistencia universal es una necesidad en política de salud –evita propagación de enfermedades-, y además algunas también están con nosotros en que es un derecho humanitario”.

El diputado del PP Sánchez Juliá también expresó su oposición a levantar el castigo a las personas que ocupen ilegalmente viviendas sociales. En la actualidad quedan excluidas de las listas de solicitantes pero con la ley aprobada este jueves dejará de ser así. Podemos defiende la nueva regulación porque “quien da la patada en la puerta es porque tiene necesidad, y quien está en espera pero no lo hace es porque disfruta de alguna alternativa”.

Victoria Domínguez, de Ciudadanos, ha destacado la aprobación de una enmienda suya, modificada de acuerdo con PSOE, por la que el plazo de resolución de renta básica será de tres meses.

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