El techo de gasto pactado PP-PSOE, más recortes en el Estado del Bienestar
La exigencia de la Unión Europea de garantizar la estabilidad presupuestaria llevó en septiembre de 2011 a reformar el artículo 135 de la Constitución Española introduciendo una regla fiscal que limita el déficit público y prioriza el pago de la deuda. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera desarrolló los principios recogidos en esta modificación constitucional realizada sin un referéndum y consagró los principios convencionales de estabilidad financiera a través de una serie de normas fiscales que deben respetar las administraciones públicas españolas con el pretendido objetivo de sanear sus finanzas. En el caso particular de la Seguridad Social se deberá mantener una situación de equilibrio o superávit presupuestario aunque excepcionalmente se podrá incurrir en un déficit estructural de acuerdo con las finalidades y condiciones previstas en la normativa del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En este caso, el déficit estructural máximo admitido para la administración central se minorará en la cuantía equivalente al déficit de la Seguridad Social.
Con todo ello, las tres reglas fiscales de oro son: la no superación de un tope de déficit público, la no superación de un tope de deuda, y el respeto a la Regla de Gasto. Esta última regla es uno de los elementos más perversos de la Ley al fijar que ninguna administración pueda incrementar su gasto público más del crecimiento estimado del Producto Interior Bruto (PIB) aunque se haya cumplido el objetivo de déficit.
Por ejemplo, si el PIB a nivel estatal está previsto que sea del 2%, el incremento del gasto en el Estado, una Comunidad Autónoma o un Ayuntamiento no puede superar el 2%. Esto produce situaciones perversas ya que ata de pies y manos a las administraciones y limita la capacidad de aplicar políticas sociales, así, en ayuntamientos con superávit, se ve constreñida la capacidad de gasto y de hacer inversiones sociales necesarias para la ciudadanía.
Adicionalmente, en esta Ley se estipula que en el momento en el que se quebrante alguna de las reglas, la administración correspondiente quedaría obligada a elaborar un Plan Económico Financiero (PEF), que no es otra cosa que comprometerse a modificar los ingresos y gastos de los siguientes ejercicios para poder volver a la senda de cumplimiento de los preceptos fiscales convencionales.
El actual diseño de financiación local y las actuales normas presupuestarias tienen como objetivo velado reducir el tamaño del ámbito público, ahogando a los ayuntamientos e impidiendo mejoras en el bienestar de la ciudadanía, cosa que no debemos consentir al ser los entes locales los responsables de buena parte de la política social, por definición aquella de mayor cercanía, y a los que se les ha exigido un mayor esfuerzo de contención fiscal lo que ha afectado a las políticas sociales básicas.
El pasado año el déficit de las Comunidades Autónomas superó los 16.000 millones y el de la Administración Central los 25.000, mientras que los ayuntamientos no sólo cumplieron con creces el objetivo de déficit cero al obtener un superávit cercano a los 5.000 millones de euros sino que tuvieron por cuarto año consecutivo un superávit próximo a los 5.000 millones de euros.
Todo ello parece indicar que son precisamente las corporaciones locales las que más necesitan que se incremente su margen de maniobra fiscal bien a través de mayores competencias fiscales y/o mayores transferencias desde el Estado y las comunidades autónomas, dado que con la actual distribución de competencias una visión centralista del Estado equivaldría a una visión antisocial de la realidad y porque el grueso de la financiación del Estado de Bienestar en nuestro país corresponde a las comunidades autónomas, responsables de partidas tan centrales y esenciales como la sanidad y la educación.
Por si fuera poco, la definición de los objetivos de estabilidad presupuestaria definidos el año pasado y aprobados en ambas cámaras legislativas del Parlamento por la mayoría absoluta del PP redujeron si cabe todavía más el margen de maniobra para que las comunidades autónomas implementaran con eficacia las políticas sociales de las que son directamente responsables.
Estas reglas de restricción presupuestaria nos llevan directamente al abismo al causar graves daños a la economía, deprimiéndola y reduciendo sensiblemente el bienestar de la mayoría social además de no servir para cumplir las metas fiscales establecidas, por tanto suponen un camino absolutamente equivocado.
Ante esta situación es imprescindible cambiar de estrategia, hay que exigir al Gobierno que por un lado negocie con la Comisión Europea nuevos objetivos de déficit, y en cualquier caso combatir éste mediante el fomento de la actividad económica y el incremento de los ingresos, nunca mediante el recorte de gasto necesario. La respuesta debe venir de un cambio de paradigma que permita que los estados miembros puedan incrementar sus déficits públicos mediante financiación monetaria directa (creación de dinero por parte del BCE) y que éste vaya dirigido a mejorar la situación económica de la población más afectada. Y por otro, que adopte las medidas oportunas para flexibilizar la regla de gasto con el fin de que los ayuntamientos con superávit puedan gastar más allá de lo que vaya a crecer la economía a medio plazo y para modificar la norma que fija el techo de gasto, límite que marca el Ministerio de Hacienda para diseñar los presupuestos municipales, de forma que se fije sobre las necesidades futuras de los ayuntamientos y no sobre lo presupuestado en el ejercicio anterior.
Los Ayuntamientos de toda España y de todo color político, lo que reclaman no es que se elimine el techo de gasto sino una reinterpretación de cómo se calcula ese techo de gasto, por considerar que el actual sistema, que toma como valor de referencia el gasto efectivamente realizado en el ejercicio precedente, y no el presupuestado, limita mucho las posibilidades de inversión de los Ayuntamientos.
Por todo ello es necesario que se impulse la adopción de una serie de líneas estratégicas que tengan como fin combatir la legislación sobre las referidas restricciones presupuestarias, de forma que las distintas administraciones públicas puedan poner en marcha las iniciativas necesarias para mejorar el bienestar de los y las ciudadanas de nuestro país y para este fin las corporaciones locales suponen una capacidad potencial de acción conjunta muy interesante para combatir las políticas de recorte e impulsar el necesario objetivo de modificación del marco legal que las hace posible.
Así, desde la ODP-AS consideramos que la única manera de sacar de las coordenadas de austeridad al Gobierno Central es con la movilización política de los Ayuntamientos para flexibilizar la regla de gasto con el fin de que puedan contribuir al crecimiento de la economía y a una mejor satisfacción de las necesidades ciudadanas. Para ello, es preciso exigir al gobierno central la negociación de unos nuevos objetivos de déficit y una modificación de los estatutos del BCE que le permitan financiar directamente a los Estados miembros.
