Una reforma legislativa obliga a la Fiscalía extremeña a revistar entre 10.000 y 13.000 procedimientos
La Fiscalía extremeña deberá revisar en los próximos seis meses entre 10.000 y 13.000 procedimientos que están en fase de instrucción, a raíz de la entrada en vigor -el 6 de diciembre- de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Dicha revisión tiene como objetivo determinar cuáles de esos procedimientos concluyen en ese plazo de seis meses, cuáles precisarán de petición de prórrogas de instrucción para practicar nuevas diligencias y cuáles deben ser archivados o sobreseídos.
“Y todo ello con el mismo número de fiscales y de funcionarios” con los que actualmente cuenta la Fiscalía extremeña, según ha afirmado el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Aurelio Blanco, que ha comparecido ante la Comisión de Administración Pública de la Asamblea para desgranar la memoria anual de actividad de la Fiscalía extremeña durante el pasado año.
Con cierto tono crítico, Blanco ha manifestado que “por ser el ministerio fiscal el titular de la acción penal, causa sorpresa en nuestro sistema procesal que no sea él el encargado de dirigir la instrucción y la investigación de los delitos”.
“El mantenimiento de la investigación en manos de los jueces es algo que puede comprometer la imparcialidad de éstos sino que, además, genera no pocas disfunciones, y cuyo ejemplo se presentará tras la reforma de la ley”, ha agregado.
En su opinión, dicha reforma otorga al Ministerio Fiscal el control de los plazos de la instrucción de delitos, “cuando no es él, sino al juez, al que la ley encomienda la dirección de la instrucción”.
La Fiscalía pide refuerzos
Con independencia de la carga de trabajo que para la Fiscalía supondrá la revisión de los citados procedimientos, “para la que hasta el momento no se ha aprobado refuerzo alguno”, Blanco ha pedido más fiscales y funcionarios para las distintas secciones territoriales.
La Fiscalía extremeña está integrada por 57 fiscales y 50 funcionarios, una ratio insuficiente si se tiene en cuenta en que al menos cada acusador público debería contar con un funcionario.
A su juicio, hay “carencias” de personal a la hora de tratar asuntos de carácter medioambiental, especialmente en Cáceres, “que precisaría de un refuerzo”, así como en las secciones de Villanueva de la Serena, Plasencia y Badajoz, donde hace falta “un refuerzo” en los asuntos de delincuencia económica y de menores.
Entre los asuntos desgranados, Blanco ha hecho referencia al acoso escolar, un problema que “no vamos a solucionar” con medidas represivas y que, según ha revelado, derivó en un suicidio el pasado año.
En su opinión, “acudir a la Policía, a la Fiscalía y al juzgado” para este tipo de hechos debe ser el último paso. Para Blanco, la Ley de Convivencia Escolar y un Protocolo de actuación es una buena herramienta para hacer frente a una problemática que, según ha expuesto, se alimenta a través de internet y de los teléfonos móviles.
Este tipo de situaciones, así como las novatadas universitarias, degradan la dignidad y suponen un “acoso humillante” para las víctimas.
Actividad de 2014
Por lo que respecta a la actividad en su conjunto de la Fiscalía, el número de diligencias abiertas y registradas alcanzó las 73.408, lo que supuso un descenso del 4,9% respecto a 2013.
Durante el pasado año, los fiscales extremeños presentaron 5.366 escritos de acusación o de calificación, acudieron a 3.349 juicios por delitos, estuvieron presentes en 5.429 por faltas y a 1.702 juicios o vistas por asuntos de lo social, contencioso o laborales.
Asimismo, ha incidido en “un repunte” de los delitos de estafa, cometidos muchos de ellos a través de las redes sociales e internet, y un descenso de los relacionados contra la salud pública.
