El código ético nacional de Ciudadanos exculpa a su diputada Victoria Domínguez por el ‘caso Plasencia’
El código ético nacional de Ciudadanos exculpa a su diputada autonómica en Extremadura Victoria Domínguez aun en el caso de que finalmente adquiriera la condición de investigada (antigua imputada), ya que ese código solo contempla el cese en el cargo público por ser acusada en delitos de corrupción, tráfico de influencias o violencia de género, no el de prevaricación administrativa que es adonde apunta el Juzgado de Instrucción de Plasencia.
El presidente regional del Partido Popular, José Antonio Monago, pidió semanas atrás sin embargo el cese de Domínguez al conocerse que había sido incluida en la investigación por la existencia de construcciones ilegales en la sierra placentina de Santa Bárbara, y contra las que no se habría actuado debidamente desde el Ayuntamiento de esa ciudad.
Este ‘caso Plasencia’, aparte de su evolución judicial, tiene un trasfondo político ya que existe un enfrentamiento ideológico y de autonomía política entre los dirigentes de Ciudadanos Extremadura más proclives al Partido Popular –algunos de cuyos protagonistas estarían actuando según algunas fuentes del partido como auténticos ‘submarinos’ del PP-, y otros, partidarios de una posición más autónoma e independiente, sector en el que estarían la propia Victoria Domínguez, o el ex portavoz de C’s en el Ayuntamiento de Badajoz, Luis García Borruel, que abandonó el partido horas antes de que le expulsaran.
Borruel era partidario de la moción de censura contra el alcalde Francisco Fragoso (PP) anunciada en esa ciudad por el socialista Ricardo Cabezas, y estaba dispuesto a votarla según asegura, pero moción que se ha frustrado sin remedio tras el nombramiento como portavoz en Badajoz de la otra concejala de C’s, Julia Timón, y que ha firmado con Fragoso un pacto distinto al que en su día firmó Borruel y que hizo alcalde al dirigente del PP.
Pero hay más, el papel de Ciudadanos podría tener implicaciones económicas merced a la importancia de la inversión publicitaria en medios de comunicación que se hace en la ciudad de Badajoz desde el Ayuntamiento.
En ese contexto político, judicial y mediático regional, Victoria Domínguez se está defendiendo primero ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Plasencia –que inició sobre ella diligencias que según el Tribunal Superior de Justicia (TSJEx) no son de su competencia porque se trata de una diputada autonómica aforada- y ahora ante el propio Tribunal Superior que en principio ha hecho suyas todas las tesis del Juzgado placentino.
Domínguez ha presentado un recurso de súplica contra el auto del TSJEx (de 22 de junio) en el que asume la causa y el planteamiento del Juzgado de Instrucción, recurso en el que pide que las posibles diligencias en Cáceres se refieran exclusivamente a ella y no a los exconcejales socialistas Elia Blanco, Mónica García y Francisco Barbancho (el Tribunal Superior se ha hecho cargo de todos ellos); archive las diligencias previas hechas en Plasencia sobre ella por no haber indicio de delito, y en tercer lugar devuelva la causa a Plasencia para lo que proceda, lo que incluiría solo a las otras tres personas.
Defensa: no tenía poder para actuar
Victoria Domínguez en su recurso del martes 27 pasado plantea que no puede haber prevaricado –no actuar contra las construcciones ilegales de Santa Bárbara- porque ella nunca tuvo competencias de disciplina urbanística (cosa distinta a ser competente en política urbanística), como indica un certificado del secretario municipal de Plasencia en el que se dice que no estaba facultada para actuaciones administrativas contra terceros.
Argumenta además que algunos artículos y leyes que se le aplican desde el Juzgado de Instrucción de Plasencia, o son posteriores a que ella dejara el cargo de delegada de Urbanismo, y no podrían funcionar de forma retroactiva, o se refieren a hechos prescritos legalmente al haber pasado cinco años.
Por otro lado, como señala la propia Fiscalía del TSJEx –la misma que en un escrito del 23 de este mes propone que Domínguez sea investigada/imputada- la instrucción hecha por la jueza de Plasencia no razona individualmente en el caso de la diputada los presuntos hechos delictivos, en contra de lo que dice la jurisprudencia sobre aforados como la dirigente de C’s, según otra alegación que ella hace.
La también ex delegada de Urbanismo Mónica García ha recurrido el auto del TSJEx que asume la causa contra las cuatro personas y hace suyas las tesis del Juzgado de Instrucción.
‘Palante, patrás’
Por otro lado, con motivo de la llegada del ‘caso Plasencia’ al máximo órgano judicial de la Comunidad, se vuelve a producir un cambio de criterio en la Fiscalía respecto al período que hay que investigar y buscar responsabilidades.
La primera fiscal que actuó, en el ámbito judicial placentino, extendió la investigación hasta el 31 de diciembre de 2011 incluyendo por tanto el período de la nueva Corporación municipal del PP que entró en junio de ese año, lo que afectaba al alcalde Fernando Pizarro y dos concejales delegados de Urbanismo que él nombre; pero posteriormente la misma fiscal achicó el tiempo solo hasta febrero de 2011, antes de las elecciones locales de ese año.
Ahora la Fiscalía del TSJEx vuelve a ampliarlo, aún más, y extiende el período investigado hasta la actualidad, al menos en lo referente a los letrados, arquitectos superiores, funcionarios y empleados laborales municipales relacionados con la gestión de expedientes de disciplina urbanística.
