Comunidades rurales colombianas piden apoyo internacional en Extremadura para tejer una paz real
- Un foro internacional aborda en Mérida el proceso de paz en el país lationoamericano
Representantes de Colombia han subrayado la importancia de dar visibilidad a la realidad rural de este país, pues, a pesar del acuerdo de paz firmado hace ya más de un año, la violencia y los abandonos forzados de tierras continúa en muchas zonas colombianas.
La posibilidad de reconstruir una paz real y duradera en este país sudamericano precisa de un contexto que lo posibilite, y para ello es imprescindible el apoyo internacional.
Así se lo trasladó este miércoles José Roviro López, representante de esta Comunidad de Paz de San José de Apartadó, pequeño pueblo colombiano creado hace 20 años en la región geográfica de Urabá, a la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín.
Esta visita coincide con el inicio este jueves en Mérida del I Foro Internacional por la Paz en Colombia, el primero que se celebra en España desde la firma del acuerdo de Paz en noviembre de 2016 y al que asistirán asesores y analistas de las denominadas “Mesas de Diálogo” con las guerrillas de las FARC y ELN.
El foro
Entre los asistentes al foro figura el abogado y político español Enrique Santiago, contratado por el Gobierno de Noruega para asesorar a las FARC en sus negociaciones con el Estado colombiano en la Mesa de La Habana, y el profesor de la Universidad Nacional de Colombia Víctor de Currea, analista del proceso de negociación con el ELN en la Mesa de Quito.
En declaraciones a la prensa, López ha denunciado un aumento del “paramilitarismo” en su Comunidad de Paz a raíz del acuerdo de Paz en el país, con más sometimientos, desapariciones y abandonos forzados de tierras.
De unos 1.500 paramilitares “hemos pasado a los 7.000”, ha dicho López, quien considera que estas facciones actúan de forma similar a las Autodefensas Unidas (AUC), con la colaboración de las brigadas militares.
“Tienen todo el comercio dominado con sus vacunas -extorsión económica- y con amenazas de asesinatos”, ha desgranado este delegado, quien ha recordado que hoy se cumplen 13 años del asesinato de ocho personas en esta comunidad, entre ellas el que fuera líder comunitario Luis Eduardo Guerra.
Todo ello a pesar de que esta localidad, de unos 2.000 habitantes y ubicada a 600 kilómetros al noroeste de Bogotá), fue creada bajo medidas de protección dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
