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Solo la Fiscalía mantiene en pie un juicio contra el Campamento Dignidad, a celebrar este martes

Bajos de Los Álamos, donde el Campamento dignidad de Mérida tiene su sede.

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Solo la Fiscalía mantiene ya en pie una acusación de tipo penal, por usurpación, contra tres miembros del Campamento Dignidad que ocuparon unas viviendas sin terminar, y cuya cesión y utilización social negociaron incluso con el Ayuntamiento de Mérida.

En los juzgados de la ciudad está señalada la vista del juicio para las diez de la mañana de este martes, en el Palacio de Justicia, y los acusados son Angélica Fernández, Ramón Carbonell y Manuel Cañada; la primera es una mujer que ante la falta de cualquier sitio donde meterse, habitó temporalmente uno de los pisos de la urbanización Los Álamos, 210 viviendas que la crisis inmobiliaria y financiera dejó inacabadas en 2010, y los otros dos son activistas sociales.

El Campamento Dignidad ha intentado una cesión de algunos pisos para arreglarlos ellos, dar vivienda a familias necesitadas, y pagar un alquiler social, pero la falta de un propietario o responsable claro lo ha hecho imposible hasta el momento.

La promotora de la construcción, Urbasevi, denunció en principio al Campamento Dignidad por usurpación, pero no se presentó a primer juicio convocado y luego se retiró del caso y de la acusación. Pero la Fiscalía mantiene la acusación por delito de usurpación, y pide una multa de 2.000 euros para cada uno de los tres imputados.

Crescencio Canelo, abogado defensor, no entiende cómo tratándose de un bien privado, cuyo propietario ha retirado la acusación, y de unos implicados que pertenecen a un movimiento altruista como los Campamentos, se mantiene la vía penal y en solitario por parte de la Fiscalía, cuando en todo caso correspondería la vía civil. “Lógicamente voy a pedir su absolución”.

Desde los Campamentos indican que al seguir sólo la Fiscalía adelante, “podríamos decir que claramente es un juicio político, una manera de amedrentar a la única oposición real y continua que ha tenido este ayuntamiento y gobierno regional a sus políticas antisociales. Nos podrán sentar en el banquillo, nos podrán multar, incluso encerrarnos, pero lo que nunca conseguirán, es ni arrodillarnos ni callarnos”.

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