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EXTREMADURA

La nueva Ley de Protección Ambiental no fija distancias mínimas de las industrias a los núcleos urbanos

PSOE: “Un cúmulo de despropósitos, nace muerta”

IU: “Es más bien una ley de desprotección ambiental”

Equo: “Manifiestamente derogable, nos deja vendidos”

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Dime de qué presumes y te diré de qué careces. La nueva Ley de Protección Ambiental de Extremadura ha quedado aprobada contra el clamor de la oposición, salvo los regionalistas de PREx-CREx que con su abstención han hecho posible que bastara con los votos del PP en la Asamblea de Extremadura. El texto, a diferencia de lo que pasaba hasta ahora, no fija una distancia mínima de las industrias a las poblaciones, y elimina trámites de información y participación pública.

El PSOE e IU han votado en contra este pasado viernes. La oposición, y partidos extraparlamentarios como Equo, ven ya una futura derogación de esta norma.

Al haber sido presentada por el Partido Popular, y no ser un proyecto de ley impulsado desde el Gobierno regional, se ha ahorrado por ejemplo el trámite de análisis por parte del Consejo Consultivo, ha criticado desde el PSOE su diputado autonómico Manuel Vázquez. 

Los populares justifican el texto en que hay demanda social de “flexibilizar” los requisitos y “agilizar” los trámites para facilitar la implantación de empresas en la región; la nueva normativa deroga la Ley de Prevención y Calidad Ambiental de Extremadura de 2010, y elimina los trámites de información pública a la hora de gestionar el procedimiento de autorización ambiental unificada en el DOE, que actualmente es de 20 días hábiles.

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La ley no fija distancias entre industrias y poblaciones

En su lugar, se realizará un anuncio en la web de Medio Ambiente por un plazo de 10 días, mientras que el plazo máximo para dictar la resolución por la que se otorga esta autorización pasará de los seis meses actuales a tres meses, con lo que los plazos se reducen a la mitad.

Para el socialista Manuel Vázquez Villanueva, la  ley presenta un "cúmulo de despropósitos", le "faltan informes", razón ésta por lo que podría "nacer muerta", y es "muy de derechas". Está “hecha a martillazos”.

Se trata de una verdadera “ley de desprotección ambiental”, lo contrario del título, resume desde IU Alejandro Nogales.

Únicamente persigue, añade, eliminar barreras ambientales para favorecer la implantación de actividades industriales, sin la debida ordenación ambiental, eliminando el régimen de distancias a núcleos urbanos que ya fue ligeramente mutilada por la legislación anterior, substituyendo criterios ambientales objetivos por criterios absolutamente subjetivos.

Sin garantías

Para IU es especialmente grave que la ley no establezca la distancia mínima de las industrias que pueden contaminar con respecto a los núcleos urbanos, sino que será el reglamento, hecho por la consejería, la que lo establecerá. Esto “no ofrece ninguna garantía a los ciudadanos frente a los promotores de industrias contaminantes”.

No augura Izquierda Unida un largo futuro a esta ley, ya que ha contado sólo con el apoyo del PP, por lo que prevé que en la próxima legislatura pueda ser derogada.

“Nos deja vendidos frente al capital”, sentencia Carmen Ibarlucea, coportavoz regional de Equo. “Es manifiestamente derogable, levanta las cautelas que había, y si continúa en vigor en pocos años nos podemos quedar sin patrimonio”.

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