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EXTREMADURA

Menos cosechadoras y más jornaleros en las fincas municipales

Los Campamentos Dignidad ven una salida en el regreso a la agricultura

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Sembrados de maíz

El Ayuntamiento de Mérida es propietario de 80 hectáreas de labor, que en vez de dar maíz procesado cosechadoras, proporcionará una oportunidad laboral a quienes ven el regreso a la agricultura como una nueva forma de empezar. El Campamento Dignidad de la ciudad, que agrupa a personas sin trabajo e incluso sin vivienda, ha llegado a un acuerdo verbal con el Ayuntamiento para que el año que viene haya menos máquinas y más jornaleros.

La idea es aprovechar 60 hectáreas, que ya están de cultivo en maíz y que a final de ciclo eran pasto de cosechadoras, más otras 20 hectáreas sin labrar, para sembrar brócoli, que proporciona con sus dos cosechas mucho más jornales. Un cambio que se llevará a cabo en la próxima primavera, explica uno de los portavoces del Campamento Dignidad, Manuel Cañada.

Mérida es uno de los sitios donde habia, pero desapareció el PER, una protección social a los trabajadores del campo que además donde pervive ha sido objeto de recortes de manera que de 55.000 beneficiarios que llegó a haber en la región se ha pasado a 18.000.

Nueva 'reforma agraria'

Cañada y sus compañeros del Campamento Dignidad, testigos y algunos víctimas del desplome de la actividad laboral en la construcción, la industria o los servicios, ven en el regreso al campo una salida en tantos pueblos y ciudades extremeñas que mantienen propiedades rústicas a las que "hay que dar utilidad social". Puede ser en opinión de Cañada un factor fundamental en un futuro de escape de la crisis, mediante la creación de bancos de tierra y también 'economatos sociales' productores de hortalizas y frutas para la población desfavorecida de las barriadas extremeñas.

Sin ir más lejos en estas fincas del Consistorio emeritense, de cuatro personas que las trabajan en la actualidad se podría pasar perfectamente a centenares de personas empleadas durante unos meses.

El Campamento Dignidad ha reclamado también a responsables municipales locales como Raquel Bravo o Francisco Miranda que consigan algún fondo regional de ayudas de emergencia, de las que ciudades como Cáceres o Mérida han quedado excluidas en las últimas convocatorias, mientras que sí las ha habido en Badajoz, Plasencia o Almendrlejo.

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