Suspendido por falta de abogado el juicio contra el Campamento Dignidad en Mérida
La vista por un delito de usurpación de viviendas de propiedad privada, contra tres personas del Campamento Dignidad de Mérida, ha quedado suspendida este martes por ausencia del abogado Felipe Martín, que estaba encargado de la defensa de Manuel Cañada, uno de los tres acusados a los que la Fiscalía pide 1.800 euros de multa para cada uno.
Los otros dos son Angélica Fernández y Ramón Carbonell, defendidos por el abogado Crescencio Canelo.
A la hora de celebración del juicio, y al no presentarse el letrado Felipe Martín, tanto la fiscal como el abogado defensor presente, han pedido la suspensión del juicio y fijarlo para otra fecha, como así ha sido para el mes de mayo.
La empresa Urbasevi era propietaria de varios bloques de pisos en Mérida, residencial Los Álamos, que quedaron sin acabar por la crisis inmobiliaria; el Campamento Dignidad propuso que se cedieran en alquiler social a familias que se prestaran a terminarlos y hacerlos habitables, pero no ha sido posible entre otras cosas porque la constructora entró en liquidación, y sus bienes pasaron a un banco con el que no se llegó a acuerdo.
Angélica Fernández, una de las acusada de usurpación, vivió unos meses allí con su familia porque “no tenía dónde vivir”, pero acabó yéndose en cuanto entró el invierno en noviembre pasado y empezaron las goteras.
Ahora algunas viviendas son habitadas de forma provisional, y el Campamento Dignidad utiliza uno de los locales comerciales para su asamblea y labor social, ya que organiza reparto de comida y de ropa.
