La educación: concertar la libertad como presupuesto

El concierto escolar es algo que no se puede desligar del concierto con la Santa Sede que España mantiene y eterniza sin importar el color del gobierno que tengamos. Y normalmente se liga la existencia de ese concierto con la Iglesia Católica en lo relativo a la educación, con la concreción que nuestra Constitución prevé en su Artículo 27 referente a la libertad educativa.

Sí, porque en España venimos sufriendo una de las situaciones más dramáticas en el ámbito occidental de una “monolítica” libertad educativa, una libertad que solo se concreta en elegir el modelo de gestión de la escuela y para nada en temas pedagógicos. Pero la gestión de un centro escolar también podría plantear alternativas a la gestión estatal o a la meramente lucrativa. Y lo hace, pues aunque sea de forma mínima existen otras opciones de gestión de centros escolares, que ciñéndonos a los centros homologados, se centran en la existencia de cooperativas de profesorado e incluso familias, que ponen la nota “extravagante” a las anteriormente citadas. Y también entran estas en el concierto escolar, ciertamente porque hubiera sido abusivo no dejar opción que no fuera a los centros de tipo religioso el ámbito de la educación no estatal.

El hecho fundamental está en el criterio de lo que consideramos “público”, ya que como habrán visto hasta ahora no había utilizado dicho término para referirme a la educación que gestiona el estado. Porque incluso ahí habría mucho que tratar. El concierto educativo confiere la posibilidad de que centros no gestionados por el estado, ejerzan la labor educativa con una cierta libertad de cátedra, y a parte de los temas ideológicos a los que me referiré después, les asigna cantidades por alumno/a que calcula a la baja con respecto a las cantidades que el propio estado calcula para sus propios centros, centros que ha construido y renueva por su cuenta, cosa que los centros no estatales llevan a cabo con sus medios también, y en ocasiones a los fondos estatales.

Pero dado que la educación es un derecho que el estado asumió como deber desde 1978, considera que lo que es imprescindible, que es el profesorado, debe ser garantizada su presencia en las mismas condiciones (las salariales a duras penas y tras mucho tiempo de disputas), y es fundamentalmente para ello en donde se hacen las aportaciones del estado. Si elimináramos el concierto, y el estado tuviera que hacerse cargo de las plazas escolares que se encuentran en la concertada tendría que construir el equivalente de esos colegios o comprárselos a la Iglesia y los demás centros que mencionaba, así como asimilar todas las plazas de profesorado. Aquí vendría otro problema, unas oposiciones masivas para equiparar las oportunidades. Claro que todo esto podría hacerse de forma paulatina y podría llegar a ejecutarse con poco traumatismo social. La cuestión, al final, quedaría en saber si la gestión estatal es mejor que la de los demás.

Si quisiéramos considerar una gestión realmente pública, y que fuera del “común”, de las personas que componen la comunidad, tendríamos que hacer el proceso contrario, y convertir la gestión de las escuelas en cooperativas en las que profesorado, familias (todas sus componentes) y personal no docente tuvieran la capacidad de gestionar cada centro, poniendo en valor lo que la economía social aporta de autogestión, máxime en temas tan sensibles como la educación. La confianza en lo estatal frente a lo privado es un riesgo que podría solventarse confiando en lo social, en el bien común.

Y aquí llegamos al siguiente tema, el de la libertad que parece enfrentar a “padres” (y madres, supongo) y a sus descendientes. Las fronteras, los derechos, los deberes, de unas para con otros es un tema que de continuo aparece cada vez que se habla de Educación (con mayúsculas). Y efectivamente existe esa problemática, pues personas todas con derechos y deberes, los componentes de la familia (tenga esta la estructura que tenga) mantiene un constante devenir de tensiones entre derechos y deberes, siempre mediatizado por la maduración de las menores, y la capacidad de diálogo y acompañamiento de los mayores. Pero siempre, siempre, parece darse por hecho que la tercera parte en todo esto no tiene también deberes y derechos que aplicar a la ecuación.

El estado (liberal, colectivista, totalitario…) es mucho menos garante de libertades y de derechos que aplicador de deberes y constrictor de libertades. Uno que ha sido alumno, y se prometió no olvidar nunca esa etapa, recuerda la corta lista de derechos y larga de deberes que tenía como alumno, cosa que no ha cambiado en este estado “liberal de las oportunidades”, la que por cierto, no se garantizan con el debido proceso de acompañamiento y formación previos de las personas, pensando que la mera presencia en el papel ya es suficiente.

Puede resultar aquí paradigmático el contraste entre la situación de las familias que han ejercido la opción no reconocida institucionalmente (en España, hay que acotar) de educar en familia, educar en casa, o homeschooling, y la continua pretensión de reducir la edad de la obligatoriedad de escolarización tendiendo siempre a los 0 años, al momento mismo posterior al permiso de natalidad. Sucede que el estado, ese ente alejado de lo que podemos considerar “público” o social, mantiene una tensión siempre hacia el ejercicio de un mayor control por su parte de lo que se enseña, cuando se enseña y de qué manera (porque no nos equivoquemos tampoco, la mayor parte de la innovación educativa se da fuera de la educación estatal).

Eterna cuestión esta que en educación se vuelve crítica; ¿quien controla al controlador?¿Quien podrá educar en y para la libertad si no existe una autogestión del proceso educativo y queda en manos de los poderes del estado?¿Será el estado quien decida las libertades permitidas al alumno, cosificado como futura mano de obra consumidora? Porque la cuestión no es que las diferencias ideológicas convivan en un colegio, sino que el estado permita los márgenes para que esas diferencias sean del ancho y largo que se estime oportuno.

La defensa de lo estatal como público, y de este como medio garantizador de las libertades, es defender el estado del bienestar y sus consecuencias, positivas como negativas. Y es que el estado del bienestar no es el buen vivir, el bien estar de las personas de la comunidad, sino del estado, sea cual fuere su configuración.