Más de 70.000 extremeños han solicitado el certificado de delitos sexuales
Un total de 70.360 personas han solicitado en Extremadura el año pasado el certificado de delitos de naturaleza sexual, con el que se ha de acreditar la carencia de este tipo de delitos para el acceso y ejercicio de profesiones que impliquen un contacto habitual con menores, como es el caso de los docentes.
El Ministerio de Justicia ha facilitado el número de personas que realizaron este trámite gratuito en Extremadura, tanto en las Gerencias como en las Administraciones Locales o Autonómica que hayan utilizado la Plataforma de Intermediación de datos, si bien ha aclarado que este dato es aproximado.
La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015, y la Ley 45/2015, de Voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores.
Se considera trabajo habitual con menores aquel en el que éstos son los destinatarios principales del servicio prestado.
Así, el personal de los centros educativos públicos y concertados, las escuelas infantiles, las de idiomas, los conservatorios y los centros deportivos dependientes de la Junta de Extremadura están obligados a presentar este certificado.
En concreto, todo el personal que ingrese de nuevo en el ámbito educativo o deportivo, ya sea temporal o definitivamente, no puede haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual.
Aquí se incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como la trata de seres humanos.
No es necesario presentar el citado certificado en aquellas profesiones en las que, habiendo un contacto habitual con el público en general, entre los que pueden encontrarse menores, no estén por su naturaleza exclusivamente destinados a un público menor de edad.
En cuanto a la periodicidad o frecuencia en que se debe presentar el certificado de delitos sexuales, se deberá presentar en los casos de nuevo ingreso o cuando se produzcan cambios sustanciales en la relación laboral o de empleo.
No obstante, el empleador o la administración podrá exigir nuevamente el certificado, en el caso de tener sospechas fundadas o existan indicios racionales de que el trabajador hubiera podido ser condenado en sentencia firme por algún delito de naturaleza sexual con posterioridad a la presentación inicial del certificado.
El certificado de delitos de naturaleza sexual es válido únicamente en España y, según el Ministerio de Justicia, para poder trabajar con menores en otro país se tiene que solicitar un certificado de antecedentes penales.
Este último certificado fue solicitado en Extremadura por 8.519 personas durante el año pasado y 8.285 en 2015. Tiene una tasa de 3,70 euros y es un documento obligatorio para acceder a la Guardia Civil y Policía Nacional, o en procesos como el de las familias de acogida o adoptantes.
Los certificados ordinarios de antecedentes penales emitidos después del 1 de marzo de 2016 no habilitan para trabajar habitualmente con menores en España. Desde dicha fecha y con dicho objeto, únicamente es válido el certificado de delitos de naturaleza sexual.
Aquí no se pide en las oposiciones
Según ha informado la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta, el certificado de antecedentes penales no se solicita en los procesos selectivos de la administración autonómica.
Lo que sí deberán presentar los aspirantes que figuren en la lista definitiva de un proceso selectivo de la Junta, al que hayan accedido por el turno libre o el de discapacidad, es una declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio en ninguna Administración Pública.
En la declaración se hará constar también que el aspirante no está inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas ni se encuentra sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública para los aspirantes que no posean la nacionalidad española.
A propósito de este certificado, el Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ha reclamado que quienes ejerzan como político o sean nombrados cargo público tengan la obligación de demostrar que no han incurrido en ningún delito mediante la presentación de un certificado negativo de antecedentes penales, para lo que impulsó una petición en change.org que tiene casi 1.300 firmas
